Alfonso Ramírez Cuéllar solicita a la FGR investigar a Guadalupe Taddei por irregularidades en contrataciones en el INE.
El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos públicos durante su gestión.
La petición fue realizada durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante integrantes de las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
El legislador morenista sostuvo que las posibles anomalías no deben limitarse a sanciones administrativas y pidió que se investiguen posibles responsabilidades penales contra quienes hayan participado o permitido las operaciones señaladas.
Además de Guadalupe Taddei, Ramírez Cuéllar mencionó al anterior titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, y al extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, al considerar que también deben rendir cuentas sobre el seguimiento que dieron a las presuntas irregularidades.
Durante su intervención en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que las presuntas irregularidades detectadas en el Instituto Nacional Electoral requieren una investigación que permita identificar a los responsables de las contrataciones y determinar si existieron beneficios indebidos para determinadas empresas.
El diputado pidió que la FGR abra una investigación de oficio y que las autoridades competentes analicen la posibilidad de asegurar bienes y cuentas bancarias de los grupos empresariales involucrados, siempre que existan fundamentos legales para aplicar esas medidas.
En su posicionamiento, el legislador declaró: “La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel, deben fincarle responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales”.
También adelantó que buscarán impulsar un denominado maxiproceso, con el propósito de investigar de manera amplia las relaciones entre funcionarios electorales y empresas proveedoras de materiales y servicios.
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Guadalupe Taddei| FOTO:Chumel Torres Facebook
Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue la exposición de posibles vínculos entre empresas proveedoras de materiales electorales y representantes legales o socios cercanos a funcionarios de distintas administraciones electorales.
De acuerdo con la información presentada por el titular del Órgano Interno de Control, cinco compañías recibieron contratos por un monto conjunto de aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Las empresas mencionadas fueron Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
El monto reportado se distribuye de la siguiente manera:
Las cifras corresponden al periodo de 2014 a 2025, por lo que no deben atribuirse exclusivamente a la administración de Guadalupe Taddei.
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Los señalamientos tienen antecedentes que se remontan a 2014, cuando comenzaron las relaciones comerciales entre las empresas mencionadas y distintas autoridades electorales.
El periodo es relevante porque comprende diferentes administraciones del sistema electoral mexicano. Por ello, las posibles irregularidades no se limitan a una sola presidencia del INE, sino que abarcan contrataciones realizadas durante varios años.
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Las investigaciones expuestas por el Órgano Interno de Control apuntan a posibles prácticas de simulación de competencia entre proveedores.
Este mecanismo puede presentarse cuando varias empresas aparentemente independientes participan en una misma licitación, pero existen vínculos entre ellas que podrían comprometer la competencia real.
En una contratación pública, la competencia entre proveedores tiene como finalidad que las instituciones obtengan bienes y servicios en condiciones convenientes de precio, calidad y cumplimiento.
Sin embargo, cuando existen acuerdos indebidos, relaciones no declaradas o procedimientos simulados, las instituciones pueden terminar pagando cantidades superiores a las que corresponderían en un mercado competitivo.
En el caso del INE, las sospechas se relacionan con adquisiciones de materiales electorales y servicios utilizados para organizar elecciones federales y locales.
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Guadalupe Taddei Zavala asumió la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril de 2023, después de ser designada para un periodo de nueve años.
Antes de llegar al organismo nacional, se desempeñó como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, entre 2014 y 2021.
Su administración en el INE se encuentra entre los periodos que forman parte de la revisión de contrataciones y posibles conflictos de interés.
No obstante, es importante distinguir entre las responsabilidades institucionales de una persona titular del organismo y la responsabilidad penal individual. La existencia de contratos cuestionados o expedientes administrativos no demuestra por sí misma que la expresidenta haya cometido un delito.
Durante su comparecencia, Víctor Hugo Carvente Contreras informó que el organismo tiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en contrataciones y actuaciones de funcionarios electorales.
De acuerdo con la información presentada ante los legisladores, 13 expedientes permanecen en etapa de investigación, mientras que cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidades administrativas.
En estos últimos casos, los servidores públicos involucrados ya recibieron citatorios para acudir a sus respectivas audiencias iniciales, etapa en la que se les comunican formalmente las imputaciones administrativas.
Entre las conductas que se encuentran bajo revisión están los posibles conflictos de interés, ocultamiento de intereses, abuso de funciones, desvío de recursos y simulación en procedimientos de contratación.
Carvente Contreras también explicó que los hallazgos conocidos representan una parte del universo de contratos que deben revisarse.
Por esa razón, advirtió que todavía queda trabajo de fiscalización para determinar el alcance de las posibles irregularidades y establecer si existieron daños al patrimonio público.
Las acusaciones presentadas en la Cámara de Diputados tienen implicaciones que van más allá de las diferencias políticas entre legisladores y autoridades electorales.
El Instituto Nacional Electoral administra recursos públicos destinados a organizar elecciones, actualizar el padrón electoral, emitir credenciales para votar y garantizar el funcionamiento de los procesos democráticos.
Por ello, cualquier posible irregularidad en sus contrataciones puede tener consecuencias económicas e institucionales.
Si las investigaciones acreditan que existieron licitaciones simuladas, sobrecostos o acuerdos indebidos entre proveedores, las autoridades deberán determinar si hubo afectaciones económicas y quiénes fueron responsables.
Los recursos destinados a materiales electorales forman parte del presupuesto público y, por tanto, deben ejercerse bajo principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Una contratación irregular puede provocar que las instituciones paguen más por productos o servicios, además de comprometer la calidad y oportunidad de los suministros necesarios para organizar elecciones.
Otro aspecto importante es la credibilidad del sistema electoral.
El INE tiene la responsabilidad de organizar procesos electorales bajo condiciones de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Cuando aparecen señalamientos sobre posibles conflictos de interés o beneficios a proveedores, también surge la necesidad de transparentar los procedimientos de contratación y demostrar que las decisiones institucionales se tomaron conforme a la ley.
Las investigaciones deberán permitir que la ciudadanía conozca si existieron irregularidades, qué personas participaron y qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan.
Además de solicitar investigaciones contra funcionarios y particulares, Alfonso Ramírez Cuéllar planteó establecer un mecanismo de comunicación permanente entre la Cámara de Diputados y las instituciones encargadas de fiscalizar los recursos públicos.
La propuesta contempla la participación de diferentes autoridades, entre ellas los órganos de fiscalización, las instancias antimonopolio y las dependencias tributarias.
El objetivo sería detectar oportunamente prácticas como la competencia simulada, la facturación falsa, los sobrecostos y los posibles acuerdos entre empresas para obtener contratos públicos.
El legislador consideró que la coordinación entre estas instituciones permitiría fortalecer los mecanismos de vigilancia y evitar que las investigaciones dependan únicamente de denuncias posteriores a la celebración de los contratos.
También sostuvo que deben revisarse las actuaciones de anteriores responsables de los órganos de control y fiscalización, al considerar que las posibles anomalías habrían permanecido durante varios años sin recibir una respuesta suficiente.
La exigencia de Alfonso Ramírez Cuéllar representa un posicionamiento político y legislativo para que las autoridades federales intervengan en el caso. Sin embargo, pedir una investigación y solicitar prisión para una persona no equivale a que exista una orden judicial o una sentencia condenatoria.
Para que Guadalupe Taddei o cualquier otro funcionario enfrente consecuencias penales, primero tendrían que investigarse los hechos, reunirse pruebas, determinar posibles conductas delictivas y, en su caso, ejercer acción penal ante las autoridades judiciales correspondientes.
Mientras tanto, el Órgano Interno de Control deberá continuar con los procedimientos administrativos que se encuentran abiertos y determinar las responsabilidades que correspondan.
La evolución de los expedientes y la posible intervención de otras autoridades serán determinantes para conocer si los señalamientos derivan en sanciones administrativas, denuncias penales o responsabilidades para particulares y servidores públicos.
