La Cámara de Diputados restringirá escoltas armados y expulsará a asesores implicados en el enfrentamiento entre diputados del PRI y MC.
La Cámara de Diputados endurecerá sus medidas de seguridad después del enfrentamiento protagonizado por legisladores y personal del PRI contra integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el martes 20 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva acordaron impedir el ingreso de escoltas armados, restringir el acceso de personas no acreditadas y proceder contra los asesores del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla que hayan participado en las agresiones.
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó este miércoles 21 de octubre que las medidas buscan garantizar la seguridad dentro del recinto legislativo y evitar que se repitan enfrentamientos entre representantes de los partidos políticos.
Además, se solicitó la intervención del Comité de Ética para analizar las posibles sanciones contra Gutiérrez Mancilla y la diputada priista Xitlalic Ceja, señalados por su participación en los incidentes.
La decisión surgió después de que los órganos de gobierno de San Lázaro revisaron los incidentes ocurridos durante la confrontación entre integrantes del PRI y Movimiento Ciudadano.
Bolaños-Cacho señaló que el Palacio Legislativo debe ser un espacio seguro para diputados, trabajadores y visitantes, por lo que consideró necesario reforzar los controles de acceso.
"No podemos permitir que haya gente armada en el recinto", declaró el presidente de la Mesa Directiva durante una conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria.
Como parte de las nuevas disposiciones, la Dirección de Resguardo deberá revisar los vehículos utilizados por los legisladores al ingresar a las instalaciones, así como verificar la identidad y acreditación de sus acompañantes.
También tendrá que elaborar y aplicar un protocolo para impedir que personal de seguridad privada ingrese con armas al recinto legislativo.
El legislador consideró innecesario que los diputados ingresen acompañados de escoltas armados a un inmueble que cuenta con sus propios mecanismos de vigilancia y protección.
Las disposiciones forman parte de una revisión más amplia de los protocolos de seguridad, luego de que el enfrentamiento del martes generara cuestionamientos sobre la presencia de personas ajenas al trabajo parlamentario.
La controversia comenzó cuando Carlos Gutiérrez Mancilla confrontó a Jorge Álvarez Máynez en San Lázaro, en medio de reclamos relacionados con la calidad del agua en Jalisco.
La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acordaron identificar a todas las personas que participaron en el enfrentamiento sin tener el carácter de diputados federales.
Una vez confirmadas sus identidades y su participación, se instruirá a Recursos Humanos y a la Secretaría General a realizar las bajas laborales correspondientes.
Mientras se completa ese procedimiento, la Dirección de Resguardo deberá negar el ingreso al Palacio Legislativo a quienes sean identificados como participantes en las agresiones.
La bancada de Movimiento Ciudadano señaló a Eduardo Carbajal, asesor relacionado con Gutiérrez Mancilla y anteriormente vinculado al equipo de Alejandro Moreno, como uno de los involucrados en el enfrentamiento. La responsabilidad individual deberá establecerse mediante la revisión de los informes y las pruebas disponibles.
Las restricciones también alcanzarán al personal que acompaña a los grupos parlamentarios durante las sesiones.
De acuerdo con Bolaños-Cacho, Morena dispone de 15 gafetes para asesores, el PAN de 10 y las demás bancadas de cinco cada una. A partir de ahora, únicamente podrán ingresar al pleno las personas que cuenten con la acreditación correspondiente.
Incluso, los legisladores que pretendan introducir pancartas o mantas deberán trasladarlas personalmente, sin recurrir a colaboradores que carezcan de autorización para ingresar.
El conflicto se suma a otros episodios de confrontación política protagonizados por Gutiérrez Mancilla, como el enfrentamiento que sostuvo con el diputado Arturo Ávila en agosto.
El Comité de Ética de la Cámara de Diputados deberá analizar la queja presentada por Movimiento Ciudadano y determinar si existen elementos para sancionar a los legisladores priistas involucrados.
De acuerdo con Raúl Bolaños-Cacho, las medidas contempladas en la normativa interna pueden incluir una amonestación, la remoción de cargos legislativos y descuentos a la dieta que reciben los diputados.
Sin embargo, estas consecuencias no son automáticas. Primero deberá integrarse el expediente, notificar a los señalados, recibir pruebas y permitirles presentar sus argumentos.
La Junta de Coordinación Política solicitó que el procedimiento avance con rapidez y que el comité, presidido por el diputado morenista Humberto Pérez Bernabe, se reúna este mismo miércoles para iniciar la revisión.
El acuerdo para reforzar la seguridad contó con el respaldo de las bancadas representadas en los órganos de gobierno, con excepción del coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien defendió la actuación de los legisladores de su partido.
La confrontación ocurrió el martes 20 de octubre, cuando Carlos Gutiérrez Mancilla increpó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por la crisis de agua que afecta a habitantes de Jalisco.
Durante el incidente se registraron gritos, empujones y reclamos entre integrantes de ambas fuerzas políticas. Posteriormente, Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja derramaron agua sucia sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano en las oficinas de su bancada.
El episodio motivó que la presidencia de la Cámara solicitara un informe a la Dirección General de Resguardo y Seguridad para identificar a los participantes y documentar lo sucedido.
En su posicionamiento inicial, Bolaños-Cacho sostuvo que los desacuerdos políticos deben resolverse mediante el debate parlamentario y no a través de confrontaciones físicas.
La situación también reavivó la discusión sobre los antecedentes de enfrentamientos entre legisladores, como el registrado entre Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila, que provocó un llamado del gobernador de Durango a privilegiar el diálogo y el respeto.
Por ahora, las medidas de seguridad comenzarán a aplicarse mientras se desarrolla el procedimiento administrativo y ético. La Cámara deberá confirmar las identidades de los asesores involucrados y resolver las sanciones correspondientes conforme a sus normas internas.
