Dos adolescentes fueron sentenciadas por el homicidio de Leyla Monserrat en Sonora, luego de engañarla y asfixiarla en 2025.
El asesinato de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años engañada y asfixiada por dos menores en Sonora, volvió a colocar en el centro del debate público los límites de la justicia para adolescentes en México.
Los hechos se registraron el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. De acuerdo con las investigaciones, dos adolescentes de 13 y 15 años engañaron a la víctima con la promesa de una “sorpresa”.
La sentaron en una silla, le vendaron los ojos y, mientras ella confiaba en sus agresoras, la asfixiaron con una cuerda hasta causarle la muerte. El crimen fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó mediante peritajes que la causa de muerte fue asfixia mecánica y estableció la participación directa de ambas menores.
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Según la investigación ministerial, el crimen estuvo motivado por un conflicto entre adolescentes. Versiones incluidas en el expediente señalan celos por una relación sentimental como detonante del ataque.
En un inicio, las indagatorias apuntaron hacia un adulto, identificado como Martín, quien fue hallado sin vida días después; sin embargo, nuevas pruebas descartaron su responsabilidad directa.
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El caso fue procesado bajo el sistema de justicia para adolescentes. En marzo de 2026, un juez dictó dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años, once meses de libertad asistida para la menor de 13 años y un pago conjunto de 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral.
La resolución generó cuestionamientos por la duración de las sanciones frente a la gravedad del crimen.
Foto: X (@NewsDayMundo)
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, explicó que la legislación federal establece límites claros para sancionar a menores de edad.
Detalló que, en el caso de adolescentes entre 12 y 14 años, la ley no contempla penas de prisión, lo que condiciona las resoluciones judiciales incluso en delitos graves.
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Para la madre de Leyla, el proceso judicial no representa un cierre. El pasado 6 de abril, la joven habría cumplido 16 años.
La familia ha insistido en que el caso no debe limitarse a una sentencia, sino abrir una discusión más amplia sobre la protección de adolescentes y la respuesta institucional ante crímenes de alto impacto cometidos por menores.
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