La ley obliga a las instituciones estatales de salud a brindar el procedimiento de interrupción del embarazo de forma gratuita.
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una normativa que obliga a las instituciones del Sistema Estatal de Salud a garantizar el acceso a este procedimiento para menores víctimas de violación.
La iniciativa busca atender la alta incidencia de embarazos infantiles y adolescentes en la entidad, así como asegurar condiciones médicas seguras, gratuitas y con perspectiva de género.
El dictamen fue avalado con 31 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y cinco ausencias, durante una sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
Desde tribuna, legisladoras enfatizaron que el embarazo infantil es consecuencia de un delito y no una decisión.
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“Las niñas y adolescentes violentadas deben acceder a un procedimiento seguro y sin criminalización”, señaló la diputada Marcela Castillo.
Chiapas encabeza la incidencia de embarazos infantiles a nivel nacional y ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes, según datos oficiales e información del INEGI.
Foto: X (@congresoChis)
Cada año se registran más de mil partos en niñas menores de 15 años y al menos un embarazo infantil diario, la mayoría producto de violencia sexual.
Entre enero y agosto de 2025, los delitos de pederastia, violación y estupro contra menores aumentaron 12% respecto al mismo periodo de 2023.
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La legislación garantiza que la decisión de interrumpir el embarazo sea libre, informada y respetuosa de los derechos humanos, sin criminalizar a las menores.
Establece que las instituciones de salud deberán notificar de inmediato a las autoridades para iniciar investigaciones y prevé capacitación al personal médico, así como protocolos de atención diferenciada para niñas y adolescentes, especialmente en zonas indígenas con contextos de marginación y barreras lingüísticas.
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La Secretaría de Salud de Chiapas tendrá 180 días hábiles para emitir el reglamento correspondiente y asegurar la aplicación de la ley en todas las unidades del sistema estatal de salud.
Organismos de derechos humanos y grupos feministas han señalado la importancia de que el marco legal se traduzca en acceso real, particularmente en comunidades rurales y pueblos originarios.
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