Según lo adelantó la presidenta, miembros de la familia Jensen podría estar entre los solicitados por huachicol fiscal por las autoridades mexicanas
Este jueves 19 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe una solicitud de extradición contra algunos empresarios estadounidenses, quienes están implicados en la entrada ilegal de combustible y sin pago de impuestos a México, delito conocido popularmente como huachicol fiscal.
El caso de huachicol fiscal, dado a conocer en septiembre de 2025, destapó una red que involucraba a empresarios, agentes aduanales y de la Secretaría de Marina en México, desde puertos y aduanas, mientras que investigaciones en Estados Unidos señalaron la implicación de empresarios estadounidenses en esta actividad.
Entre ellas, está la acusación contra la familia Jensen, quienes por tres años, según documentos judiciales del caso, introdujeron, desde México a Estados Unidos, 2881 cargamentos de petróleo crudo de manera ilícita, haciéndolo pasar por otras sustancias, con la ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta fue cuestionada si dentro de la cooperación con las autoridades estadounidenses, está la solicitud de extradición de personas estadounidenses vinculadas al huachicol fiscal en México.
Sheinbaum confirmó que la petición existe y esta alcanza a empresarios estadounidenses, aunque recalcó que la Fiscalía General de la República tenía que profundizar sobre el tema, y ofrecer mayor información sobre la investigación contra tales personas.
“Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”, afirmó.
Aunque evitó dar la identidad de las personas que podrían estar sujetas a investigación, se le preguntó si entre los empresarios estaban los Jensen, cosa que confirmó.
Cabe destacar que, por su parte, las autoridades de Estados Unidos, por medio de su Fiscalía, tienen también una investigación por el caso.
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Sobre este tema, también se le preguntó sobre unos presuntos audios difundidos el miércoles 18 de febrero, en los que supuestamente se escucha al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, tener una reunión con el contraalmirante Fernando Guerrero.
Ante esto, se le preguntó a Sheinbaum si existía alguna línea de investigación contra Ojeda Durán, cosa que rechazó.
“Esta abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible, hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, y hay que esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía”, precisó.
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La familia Jensen, originario de Utah liderado por el magnate James Lael Jensen, operó durante tres años una red de contrabando que introdujo ilegalmente más de 2800 cargamentos de petróleo crudo de México a Estados Unidos, con el fin de evadir el pago de aranceles y controles aduaneros; declaraban el crudo como lubricantes y destilados.
La operación le generó ganancias ilícitas por 300 millones de dólares, a través de una alianza con el CJNG, el cual suministraba el petróleo robado de Pemex, que era “ordeñado” de ductos de la paraestatal mexicana.
Según las investigaciones estadunidenses, Jensen tenía lazos directos con proveedores vinculados al crimen organizado en México, transfiriendo al menos 47 millones de dólares desde sus cuentas empresariales hacia compañías mexicanas para financiar la logística delictiva y asegurar el suministro del hidrocarburo.
James Jensen y Kelly Anne. Foto: Mexicanos contra la Corrupción
Ya que la administración de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista transnacional, la Fiscalía estadounidense clasificó a los Jensen como contrabandistas y "patrocinadores" del terrorismo, a través de una que incluye cargos por conspiración para el blanqueo de dinero, declaraciones falsas y financiamiento al terrorismo, bajo la premisa de que cualquier negocio petrolero fuera de las regulaciones mexicanas fortalece directamente las estructuras financieras de los cárteles.
La red fue desmantelada en abril de 2025, cuando se inició el proceso para confiscar los bienes de la familia Jensen, como son las cuentas bancarias de sus empresas Arroyo Terminals y Big Hog Energy, barcos petroleros, camiones de carga, vehículos de lujo y una mansión en Utah valorada en 9.1 millones de dólares.
Actualmente, James Jensen y su esposa Kelly Anne permanecen bajo custodia tras ser arrestados en Utah, mientras que sus hijos enfrentan procesos similares en Texas.
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