Sheinbaum señaló que, en caso de no existir fundamentos para las acusaciones, el caso tendría tintes políticos e injerencistas
Este jueves 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno procederá conforme a la ley contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico, siempre y cuando que Estados Unidos aporte "pruebas contundentes" o que la Fiscalía General de la República (FGR) encuentre indicios suficientes en su propia indagatoria.
No obstante, advirtió que, de lo contrario, el caso tendría tintes "políticos". En ese sentido, señaló que su administración no permitirá la intromisión extranjera en decisiones que competen exclusivamente al Gobierno de México.
Al inicio de su conferencia matutina, la presidenta fijó su postura sobre la acusación formal presentada en Estados Unidos. Tras explicar cómo el Gobierno de México fue notificado del caso por las autoridades estadounidenses, Sheinbaum ofreció un posicionamiento detallado.
En ese sentido, precisó que, al asumir la presidencia en octubre de 2024, juró respetar la Constitución y las leyes mexicanas, asumiendo el “firme compromiso” de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. “Mexico establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”., expresó.
Aunque su discurso denotó un rechazo a la injerencia extranjera, la mandataria subrayó que su perspectiva se basa en la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
Por ello, enfatizó que si Fiscalía General de la República (FGR) recibe “pruebas contundentes e irrefutables” sobre las acusaciones o si la misma FGR encuentra encuentra “elementos constitutivos de un delito” contra las 10 personas señaladas, se “deberá proceder conforme a derecho” y bajo la jurisdicción mexicana. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, recalcó.
No obstante, aclaró que, de no existir “pruebas claras” de tales señalamientos, entonces sería “evidente” que esto se tratarían de acusaciones con tintes políticos contra México.
“Sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de los Estados Unidos) es político”, enfatizó”. Dicho esto, expresó su rechazó al injerencismo extranjero en la justicia mexicana y en hechos que son responsabilidad única de México.
“Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, aseveró.
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La mandataria dio a conocer que, la noche del 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió de las autoridades estadounidenses 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición contra los 10 políticos y funcionarios.
De esta forma, detalló, el 29 de abril la SRE turnó esta información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que este organismo evaluara las solicitudes conforme a la legislación mexicana.
Sin embargo, a las 12:00 horas del ese mismo 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público el levantamiento de cargos y anexó a esta acusación un documento denominado “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.
Sheinbaum explicó que, tras hacerse del conocimiento publicó tales acusaciones, el jurídico de la SRE emitió un extrañamiento al Gobierno de los Estados Unidos, pues, explicó, estos procesos son requieren de confidencialidad, tal como lo señalan tratados internacionales en esta materia.
Posteriormente, como recordó la mandataria, la FGR emitió un comunicado en el que estableció que analizaría el caso a través de la Fiscalía Especial en Asuntos Internacionales, conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia.
Bajo dicho análisis, el organismo estableció que revisaría la documentación recibida para establecer “con toda exactitud” si existen elementos probatorios y la viabilidad para la solicitud de extradición.
Asimismo, destacó que la FGR anunció que, de forma paralela, iniciará una investigación, para conocer si hay datos de prueba para establecer si existen fundamentos legales para las órdenes de extradición desde Estados Unidos.
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Durante la sesión de preguntas, la presidenta fue cuestionada para ahondar sobre su posicionamiento ante las acusaciones, dentro de lo cual expresó su personal escepticismo sobre una de las únicas pruebas mostradas en los documentos judiciales, en las que se exhiben presuntas nóminas de “Los Chapitos” a mandos y exfuncionarios policiales de Sinaloa.
Las relaciones de pagos, que van desde los 15 mil a los 330 mil pesos, fueron mostradas como fotos de una libreta con escritos a mano, con mucho de su contenido censurado, los cuales, presuntamente, pertenecían al jefe de plaza de Culiacán de la facción.
Dos de las tres listas mostradas como pruebas de "narconóminas" de "Los Chapitos". Foto: Departamento de Justicia de EU
Aunque expresó que no juzgaría tales elementos, decidió mostrarlos en pantalla. “Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba”, dijo. “Tiene que haber pruebas. Tiene que haber documentos con base a nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿cuál es la motivación?”, agregó.
En ese sentido, remarcó que, además de estos escritos, hasta este momento es desconocida la identidad de los testigos que son mencionados por Estado Unidos en su formulación.
Cuestionada sobre con qué adjetivo calificaría los presuntos listados, la presidenta prefirió no comentar sobre ellos, pero recalcó: “No, bueno, que cada quien haga su.. Yo lo que digo ‘me llama la atención’, ya que la Fiscalía determine”.
Asimismo, Sheinbaum expresó que una acción de este tipo era inédita en la historia, en cuanto a que el gobierno estadounidense dirigiera una orden de extradición contra un gobernador, presidente municipal o senador en funciones. “Esto no había ocurrido nunca antes, nunca en la historia”, afirmó.
Los 10 ciudadanos mexicanos acusados este 29 de abril por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, son:
Los delitos que se le imputan a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, son:
Por estos delitos, pueden tener una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Además de estos cargos, a Juan Valenzuela Millán se le suman los delitos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer un secuestro con resultado de muerte, por lo que que obtendría una pena obligatoria de cadena perpetua.
El fundamento de las acusaciones de Estados Unidos señala que estos funcionarios y exfuncionarios se asociaron con el Cártel de Sinaloa y, como se afirma, “cada uno” de ellos “ha participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”.
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