La reforma se presenta tras casos de funcionarios denunciados por nexos con el narcotráfico, como los recientes en Morelos
Este jueves 21 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un mecanismo diseñado para evitar que perfiles con vínculos con el narcotráfico puedan contender por cargos de elección popular.
Esta propuesta surge en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”.
Un caso más reciente corresponde a las detenciones en Morelos derivadas de la "Operación Enjambre", acción en la que fueron arrestados Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla. Asimismo, se declaró como prófugo de la justicia a Jesús “N”, alcalde de Cuautla.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa será turnada este 21 de mayo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual corresponde a una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y no una constitucional.
Según se señaló, el proyecto pretende establecer “mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 y evitar o que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”.
Según se propone, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE) y estará integrada por cinco consejeros electorales, quienes serán elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.
Dicha comisión servirá como “vínculo” entre autoridades de seguridad, inteligencia y de procuración de justicia y partidos políticos, los cuales voluntariamente decidirán participar.
Esta instancia recibirá y consultará los nombres de los aspirantes a candidaturas ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Tales organismos verificarán la información disponible para establecer si existe un posible “riesgo razonable” de que la o el candidato mantenga vínculos con la delincuencia organizada.
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El mecanismos, según se explicó, funcionará a partir de que lo los partidos políticos entreguen voluntariamente su lista de aspirantes a ser candidatos a la Comisión. Luego, esta instancia consultara con las diferentes instancias de seguridad, inteligencia y de procuración de justicia, las cuales analizarán y determinarán si “no existe riesgo o que existe un riesgo razonable”.
Tales instituciones únicamente notificarán a la comisión si existe o no “un riesgo razonable”; en caso de que exista riesgo, no señalarán “el asunto del que se derive el riesgo”.
De esta forma, la comisión informará a los partidos políticos si existe o no un riesgo razonable, indicando las instancias o dependencias que advierten de este riesgo. Así, con base a esta información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no a la o el candidato.
Las candidaturas serán revisadas por CNI, FGR, UIF y CNBV. Captura de pantalla: YouTube (Claudia Sheinbaum)
En tanto, de encontrar información relevante, las instituciones continuarán con las investigaciones correspondientes, de acuerdo a las atribuciones de cada una de ellas. Asimismo, se establece que las personas aspirantes a candidaturas deberán obligatoriamente manifestar al partido que los postule su conformidad de ser evaluados por la Comisión, independientemente de si el partido decide someterlo o no a consulta de la Comisión.
Igualmente, se subrayó que todo el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.
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Sheinbaum reconoció que la propuesta se envía al Congreso de la Unión tras “algunos casos” de vínculos entre presidencias municipales y la delincuencia organizada, como las personas detenidas por la Operación Enjambre en el Estado de México, Tequila, Jalisco o Morelos.
En este mismo tipo de casos, destacó también el caso del alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, quien también fue detenido por tener nexos con el narcotráfico.
La presidenta expresó que la idea de presentar la iniciativa en este momento es para que tales mecanismos puedan activarse ya en las próximas elecciones de 2027.
“Entonces, desde que pasó lo de Morelos, planteamos qué se puede hacer para evitar o que el INE tenga las capacidades para poder saber, por lo menos una investigación. Obviamente, todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes”, explicó.
Según expresó, los casos de alcaldes y ayuntamientos con vínculos con el narcotráfico son “casos aislados”; sin embargo, recalcó que es necesario establecer este tipo de filtros ante los siguientes comicios.
Sheinbaum admitió que la reforma se presenta ante las recientes denuncias de presidentes municipales por nexos con la delincuencia organizada. Captura de pantalla: YouTube (Claudia Sheinbaum)
“Y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados. Pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, agregó.
Aunado a esto, Sheinbaum afirmó que esta medida había sido presentada dentro de su Plan A de la Reforma Electoral, la cual no fue aprobada y que, entre más medidas, incluía la desaparición de las candidaturas plurinominales, hecho que derivó de no encontrarse acuerdo entre todas las fuerzas políticas, especialmente entre los partidos oficialistas.
“Lo presentamos, repito, en el Plan A, aquel plan que hicimos de reforma electoral, que incluía incluso la desaparición de los plurinominales, en fin, varios temas. Al no aprobarse el Plan A, pues esta parte quedó fuera”, dijo.
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