El Congreso de Chiapas buscará realizar modificaciones de nueva cuenta un tema relacionado con la seguridad.
Como una propuesta impulsada desde los miembros de la Comisión Permanente para modificar el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal de Chiapas, el Congreso de la entidad tendrá sesión extraordinaria este próximo viernes, dónde modificará de nueva cuenta un tema relacionado con la seguridad.
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Convertido en una prioridad para la administración del gobernador Eduardo Ramírez, el sistema de seguridad pública se ha modificado en diversas ocasiones durante el 2025, para dar mayores atribuciones a la Fiscalía General, y reorganizar el funcionamiento de la capacitación policial.
Además, han incrementado las penas en delitos cometidos por servidores públicos, sancionado el "halconeo", y endurecido los requisitos para el personal que se desempeña en la investigación policial, así como en el trabajo en territorio.
Parte del diagnóstico enarbolado por las autoridades estatales detectó que no existía claridad ni contundencia en la organización del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que funcione acorde a las necesidades de la entidad.
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Aunque de acuerdo con la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal chiapaneca, son los alcaldes quienes tienen a su cargo la organización, movilización y mantenimiento de las unidades policiales y sus órganos auxiliares.
Los legisladores de Chiapas consideran que las condiciones actuales demandan ajustes más adecuados y modernos, acordes con el nuevo modelo estatal de formación policial, con el fin de garantizar que las corporaciones respondan con eficiencia legalidad y respeto a los derechos humanos frente a los retos de la seguridad pública.
La seguridad en los ayuntamientos ha sido en muchos casos desmantelada por su abierta participación con grupos delictivos o la falta de certificaciones para poder acreditar los exámenes de control de confianza y el carencia del conocimiento de su labor.
Con la modificación que se hará el próximo viernes, los alcaldes se verán obligados al nombramiento de funcionarios que acrediten la carrera de seguridad pública o conocimientos afines, tener al menos un año de residencia en el municipio del que se trate y deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en seguridad pública.
En los requisitos que ya tenía el cargo, la persona designada debía pasar las pruebas de evaluación de control y confianza además de tener la certificación de competencia laboral vigente en materia de administración pública municipal, en una instancia chiapaneca.
La anterior redacción de este artículo, no obligaba a los alcaldes a contratar especialistas en seguridad pública, lo que representaba la posibilidad de hacer nombramientos de tipo político o por amistad, consideró la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Alejandra Gómez Mendoza.
La presidenta del Congreso subrayó que la seguridad demanda poner perfiles profesionales que no responden a temas de política o amistad si no a una profesional y certificación correspondiente, y desestimó que los alcaldes vayan a presentar alguna controversia constitucional por considerar una invasión en las competencias.
Luego de que el gobierno del Estado realizara la entrega de equipamiento a los policías, a que el Gobernador del estado planteara la urgencia de tener calibres que actualmente son de uso exclusivo del ejército.
El Congreso de Chiapas realiza el análisis para efectuar las modificaciones pertinentes a la normatividad local, con el fin de posibilitar esta acción.
La presidenta de la Mesa Directiva, informó que es un trámite en el cual el Congreso de Chiapas aprueba la modificación de diversos artículos, y en las próximas semanas se espera enviar la solicitud correspondiente al Congreso Federal para que también autoricen el que los estados puedan tener un equipamiento mayor para hacer frente a la delincuencia.
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Durante el período extraordinario que tendrán el próximo viernes 30 de enero, se pondrá a votación del pleno las modificaciones al código penal de Chiapas que busca impedir la cohabitación forzada de menores, con penas de hasta 8 años de cárcel y la aplicación de multas A quiénes las consientan o promuevan.
Esta reforma además dobla en las sanciones en caso de que las Menores sean de comunidades indígenas; donde el fenómeno de los embarazos en menores de 15 años han puesto en peligro la vida de por lo menos dos niñas en lo que va del 2026.
