Las autoridades mexicanas han emitido tres órdenes de aprehensión contra la Gómez Mont , quien fue detenida el pasado 30 de octubre
La exconductora mexicana Inés Gómez Mont se encuentra señalada por las autoridades de su país por delitos de alto impacto, entre los que destacan delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Recientemente, el pasado 30 de octubre, fue detenida en Florida, Estados Unidos, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Posteriormente, el lunes 2 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las tres órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
Aunque permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, aún se desconoce si será extraditada a México. Por su parte, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también está implicado en este mismo caso, fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por el ICE en Florida; sin embargo, como informó Milenio, quedó en libertad provisional tras pagar una fianza.
Tal como explicó la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, el lunes 2 de noviembre, Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México.
La primera, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Además, cuenta con otras dos órdenes más por defraudación fiscal equiparada, las cuales fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR), por los ejercicios fiscales 2014 y 2016.
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De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las penas varían según la participación de la o el imputado en la estructura delictiva.
Por ejemplo, si la persona se encargaba de la administración, dirección o supervisión, las penas contempladas son de 20 a 40 años de prisión, así como de 500 a 25 000 días multa. Fuera de estos rangos, se imponen penas de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12 500 días multa.
Por su parte, el artículo 400 Bis del Código Penal Federal señala que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se castiga con penas de cinco a 15 años de prisión, además de 1000 a 5000 días multa, para quien oculte, encubra o pretenda ocultar el origen de recursos que sabe provienen de una actividad ilícita.
Respecto al delito de defraudación fiscal equiparada, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación remite a las penas del delito genérico de defraudación fiscal contenidas en el artículo 108, el cual establece que las sanciones dependerán del monto defraudado durante cada ejercicio fiscal.
En ese sentido, se estipula que cuando el monto es inferior a 2 531 920 pesos, la pena va de tres meses a dos años de prisión; si la cantidad supera dicha cifra pero se encuentra por debajo de los 3 797 870 pesos, la sanción es de dos a cinco años; y en caso de rebasar este último límite, la pena puede alcanzar de tres a nueve años de prisión.
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De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de empresas fantasma.
Además, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, al haber omitido presuntamente el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
El esquema de defraudación que se encuentra siendo investigado parte de contratos por cerca de 2450 millones de pesos con el OADPRS, recursos que presuntamente serían destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.
No obstante, las empresas fantasma simularon operaciones para desviar recursos del erario y ocultaron su destino, al tiempo que la defraudación fiscal, o lavado de dinero, sirvió para garantizar las ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.
De acuerdo con la fiscal general, en septiembre de 2025 el gobierno mexicano solicitó a los Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia, se integró la petición formal correspondiente.
Aunado a ello, señaló que, durante las últimas semanas, han intercambiado información con las autoridades estadounidenses, a quienes ya les fueron entregadas las tres órdenes de aprehensión vigentes en contra de la exconductora.
No obstante, admitió que la detención en suelo estadounidense no obedece a estos requerimientos judiciales mexicanos, sino a su situación migratoria, por lo que ahora corresponde a las autoridades estadounidenses determinar si la deportarán o no.
En caso de ser deportada, según subrayó Godoy Ramos, la FGR ejecutará inmediatamente las órdenes de aprehensión en México.
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