Autoridades federales aseguraron y destruyeron siete áreas de almacenamiento de químicos y un laboratorio clandestino inactivo en Sinaloa.
En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales aseguraron y destruyeron siete áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio clandestino inactivo en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa.
Las acciones forman parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, implementada por el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”.
De acuerdo con los reportes oficiales, el despliegue contó con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.
Estas instituciones realizaron recorridos terrestres en diversas comunidades de ambos municipios, logrando la ubicación de los sitios de almacenamiento y del laboratorio inactivo.
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Durante las inspecciones, las autoridades localizaron un amplio volumen de químicos y herramientas presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas. Entre lo incautado destacan:
Ácido clorhídrico: seis bidones de 50 litros (300 litros en total).
Acetona: nueve bidones de 50 litros (450 litros en total).
Foto: X (@sspsinaloa1)
Alcohol etílico: dos bidones con 80 litros.
Alcohol bencílico: dos tambos con 400 litros.
Sustancias no identificadas: más de mil litros en diferentes tonalidades (transparente, ámbar y azul).
Sosa cáustica en escamas: seis costales de 25 kilos cada uno.
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Alcohol clorhídrico: un tambo de 200 litros.
Además, se decomisaron diversos equipos y accesorios, como un reactor de mil litros, contenedores metálicos y de plástico, mangueras, embudos y filtros, considerados esenciales en el procesamiento de drogas sintéticas.
Foto: X (@sspsinaloa1)
El material fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que ordenó su destrucción bajo protocolos de seguridad ambiental y sanitaria.
Estas medidas buscan no solo debilitar la capacidad operativa de grupos criminales, sino también evitar riesgos de contaminación en la zona y salvaguardar la salud de la población.
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