La crisis actual se desató desde la semana pasada, cuando "Los Ardillos" aumentaron su asedio contra varias comunidades de Chilapa
Este jueves 14 de mayo, la Secretaría de Gobernación informó que las familias de Chilapa, Guerrero, desplazadas por el conflicto entre los grupos criminales “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, han comenzado el retorno a sus comunidades.
La situación que provocó el desplazamiento de al menos 1300 personas se inició tras una serie de ataques los días 2, 6 y 8 de mayo. Este asedio fue encabezado por “Los Ardillos” contra las poblaciones indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
Ante la ola de violencia, decenas de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, víctimas de una disputa territorial que ambos grupos mantienen desde hace más de 10 años.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, con el apoyo del Gobierno de México, ha comenzado el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades en Chilapa.
El video, de 40 segundos de duración, muestra a personal de la Guardia Nacional y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) auxiliando a los pobladores para subir pertenencias, entre colchonetas, cobijas y otros objetos, a un camión.
Entre el personal militar y funcionarios federales se observa a un niño, mujeres y hombres, quienes esperan subir al vehículo, a fin de iniciar su traslado.
En una publicación posterior, Rodríguez Velázquez informó que pobladores de Xicotlán se encuentran retornando a su comunidad bajo un esquema de seguridad y vigilancia. Asimismo, se les ha proporcionado, según establecieron, insumos de primera necesidad, alimentos y atención psicológica.
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Como se explicó en un comunicado, el regreso de las familias se está realizando con el apoyo de personal del Ejército Mexicano y el Gobierno de Guerrero, el cuan inició luego de que las autoridades garantizaran un esquema de seguridad y vigilancia en la zona
Según se describió, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acompañó el regreso de 118 personas, entre ellas mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la comunidad de Xicotlán, en vehículos de las distintas dependencias participantes.
Además, se les hizo entrega de insumos de primera necesidad, colchonetas, cobijas, artículos de higiene y alimentos. También recibieron asistencia psicológica y contención emocional por parte de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien les dará seguimiento.
Se estableció que se mantendrán las mesas de diálogo y de trabajo para garantizar que este retorno se realice en condiciones de seguridad y sea permanente. Igualmente, iniciarán con el censo de las viviendas que resultaron afectadas, a las que se les apoyará en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades.
Ante la emergencia denunciada por las comunidades indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 12 de mayo que instruyó a la secretaria de Gobernación atender personalmente la situación de Chilaba, por lo que la funcionaria junto personal de dicha secretaría se trasladaron a la zona.
De manera simultánea, y tras días de enfrentamientos, bloqueos en caminos y carreteras, el 12 de mayo se pudo reestablecer la paz en Chilapa, lo que permitió el paso de fuerzas de seguridad estatales y federales.
En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa, fueron atendidas personas que tuvieron que dejar sus hogares, a quienes les dieron servicios médicos, alimentación y seguridad.
Particularmente, seis personas que habían sido reportadas como lesionadas fueron trasladadas a hospitales del IMSS-Bienestar para recibir atención médica.
El despliegue de seguridad se integró por 690 elementos del Ejército Mexicano, con 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos; y 200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades, así como cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico.
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Luego de que las autoridades lograran pacificar la zona, el 13 de mayo Rodriguez Velázquez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, realizaron una mesa de diálogo con pobladores en la localidad de Alcozacán de Chilapa.
Según se explicó, pudieron hablar con los habitantes, a quienes les brindaron servicios médicos, alimentación y seguridad, a fin de “construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”.
Más tarde, tuvieron una mesa con las familias y comisarios en la localidad de Coatzingo, a fin de establecer la paz en la región. Bajo este objetivo, se priorizó reanudar las clases en las escuelas, el servicio médico y la entrega de medicinas; se cuenta ya con luz eléctrica y comunicación por internet. Además, se explicó, se restablecerán las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Policía Estatal.
La secretaria de Gobernación realizó recorridos por las comunidades, en las cuales están alojadas las familias desplazadas, por lo que pudo hablar con ellas y escuchó sus demandas.
De acuerdo al comunicado de Gobernación, Rodriguez Velázquez ofreció condiciones de seguridad y el establecimiento de un corredor seguro que permita acceder a las comunidades a vivéres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.
Entre estos compromisos, se encuentran brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar, el Tianguis del Bienestar, la organización de ferias de servicios y trámites desde la siguiente semana, en la que habrán de participar instancias federales y estatales.
Además, se estableció la propuesta de una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y autoridades estatales y federales, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.
El municipio de Chilapa, Guerrero, enfrenta una grave crisis humanitaria tras la intensificación de ataques por parte del crimen organizado, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 1300 personas desde el pasado 6 de mayo.
Esta violencia es el resultado de una disputa territorial que se ha documentado formalmente desde 2015 entre dos organizaciones criminales: “Los Tlacos” y “Los Ardillos”.
Según organismos de derechos humanos como la Red TDT y el Centro Tlachinollan, esta pugna ha dejado un saldo de al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones de habitantes indígenas en los últimos 11 años, ante lo que describen como una actitud de indiferencia histórica por parte del Estado mexicano.
La lucha entre ambos grupos trasciende el narcotráfico y se centra en el control total de la economía local. De acuerdo con el padre José Filiberto Velázquez, los criminales buscan monopolizar sectores básicos como el transporte, los mercados y el comercio de productos como granos y cerveza.
Además, operan como supuestos empresarios para apropiarse del presupuesto público, específicamente del Ramo 33, un fondo federal destinado a obras y servicios municipales que se ha convertido en el principal botín político-financiero de la región.
Un componente clave de esta economía criminal es la diversificación hacia la minería. Tras la caída de la demanda de heroína y marihuana, grupos como “Los Ardillos” han volcado su interés hacia zonas ricas en oro, plata y cobre.
Si bien no explotan los yacimientos directamente, ejercen un control absoluto sobre las actividades periféricas mediante la extorsión a empresas concesionarias, el cobro de cuotas a trabajadores y el monopolio del transporte de materiales.
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