El exgobernador de Baja Calif, Ernesto Ruffo Appel, y cuatro detenidos ingresarán este domingo al penal de máxima seguridad del Altiplano.
El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se encuentra en el centro de un escándalo judicial.
Un juez ha dictado prisión preventiva en su contra por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal que ha causado un daño económico considerable a la hacienda pública del país.
Ruffo Appel enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La investigación revela que la red manipulaba los informes de combustible, reportando cantidades menores a las realmente transportadas.
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Este tipo de prácticas no solo eluden obligaciones fiscales, sino que también generan pérdidas significativas para el Estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha indicado que la red operaba a través de la empresa Ingemar, fundada por Ruffo Appel.
Se estima que la empresa reportaba alrededor de 10 mil litros de combustible por carro tanque, mientras que la realidad era que transportaban hasta 110 mil litros, evadiendo así las regulaciones.
El daño total a la hacienda pública se ha estimado en más de cuatro mil millones de pesos.
La evasión de impuestos como el IEPS y el IVA ha sumado más de 106 millones de pesos en algunos cargamentos. Este fraude ha representado una fuente de financiamiento para grupos criminales.
La audiencia comenzó el 17 de julio y se extendió hasta la madrugada del 19 de julio, acumulando múltiples recesos. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que llevó a que el juez extendiera el plazo para decidir sobre la vinculación a proceso de Ruffo Appel.
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El exgobernador fue arrestado el 16 de julio en Ensenada por elementos de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana y luego a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La defensa de Ruffo Appel ha presentado una demanda de amparo, alegando privación ilegal de la libertad y posibles actos de tortura.
Desde el arresto, la hija del exgobernador ha denunciado la falta de información sobre el caso por parte de las autoridades competentes.
Además de Ruffo Appel, otros siete imputados también comparecieron durante la audiencia.
Entre ellos se encuentran exfuncionarios y representantes de diversas empresas que, al igual que él, enfrentan cargos relacionados con la red de huachicol fiscal y contrabando de hidrocarburos.
La FGR ha revelado que se identificaron 162 carros tanque y más de cuatro mil operaciones de importación irregular en un período corto.
Estos hallazgos han llevado a la emisión de 25 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho ya han sido ejecutadas, mientras que aún quedan varias por cumplir.
La situación de Ruffo Appel no solo afecta su carrera política, sino que también pone en tela de juicio la integridad de las instituciones en Baja California.
Este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país, marcando un punto de inflexión en la política local.
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