La discusión en lo particular fue programada a reanudarse a las 09:00 horas de este miércoles 27 de mayo
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial que busca aplazar hasta 2028 las elecciones de jueces, magistrados y ministros, las cuales actualmente están programadas para realizarse en 2027, junto a los comicios intermedios.
La reforma responde a una iniciativa enviada el pasado 18 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que también se plantea simplificar la votación, tomando como base la experiencia obtenida tras el inédito ejercicio electoral vivido en 2025.
La aprobación tuvo lugar en la sesión del martes 26 de mayo, la cual inició pocos minutos antes de las 18:00 horas y se extendió por más de cuatro horas y media de discusión, incluyendo señalamientos entre bancadas y la toma de la tribuna por parte de legisladores del PRI.
Sin embargo, la iniciativa se aprobó en lo general con 341 votos a favor, provenientes de Morena, PVEM y PT, frente a 124 en contra del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y la diputada Aracely Cruz del PT.
Tras la aprobación en lo general, poco antes de la medianoche se decretó un receso y se determinó que la discusión en lo particular se reanudará a las 09:00 horas de este miércoles 27 de mayo. En caso de aprobarse en dicha instancia, la minuta de la reforma será enviada al Senado de la República para que continúe su proceso legislativo.
De acuerdo con los argumentos a favor de la reforma, esta busca evitar la saturación de la elección intermedia ya que, al sumar los cargos federales y locales en disputa más los de los juzgadores, estarían en juego 18 930 puestos públicos.
Esta complejidad logística, que también implica costos elevados en la realización de los comicios, se debe a que se elegirán 15 130 cargos, entre los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 1 098 diputados locales, así como 13 515 regidores y síndicos de 30 entidades, a los que se sumarían más de 3 800 puestos de jueces, magistrados y ministros.
No obstante, la oposición rechaza postergar la elección judicial para 2028, argumentando que coincidiría con la fecha de la eventual consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual actualmente está prohibido que ambos procesos coincidan.
En ese sentido, y a manera general, las posiciones de ambos bloques, oficialista y oposición, se concentraron en dos posturas: unos a favor de mejorar la reforma judicial, reducir candidaturas para asegurar mejores perfiles y mejorar la logística electoral; otros rechazando el dictamen y señalando que este era una muestra del fracaso de la reforma, que mantiene la politización de la justicia y que se busca el control político empalándolo con la revocación de mandato.
En ese sentido, durante su participación, el coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira, calificó la reforma como “peligrosa para la democracia”, buscó frenar la discusión a través de una moción suspensiva, al tiempo que recalcó que iniciativa busca controlar el Poder Judicial.
El legislador mostró un acordeón para reiterar su punto, en relación a los acordeones que fueron difundidos durante la elección del año pasado. En tanto, otros diputados priistas mostraron carteles que tenían leyendas como:"La Corte del Acordeón", "Corte Patito", "Voto en contra de los Acordeones" o “No más Ministros Chicharrón".
Por su parte, la diputada Claudia Ruiz Massieu de MC señaló que la propuesta no resolvía el problema de fondo, ya que, dijo, la concurrencia electoral volverá en los próximos años, la nominación seguirá siendo un proceso político y la insaculación de candidaturas seguirá eligiendo perfiles “con nexos y antecedentes cuestionables”.
Te puede interesar:
El cambio central de la propuesta es el traslado de la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028, con el fin de que coincida con la consulta de revocación de mandato en caso de ser solicitada.
Según explicó la mandataria, realizar ambas votaciones el mismo día y en la misma casilla responde a problemas logísticos detectados en ejercicios pasados en estados como Durango y Veracruz, donde la separación de casillas desincentivó la participación.
Para optimizar la selección de candidatos, se creará una comisión coordinadora con representantes de los comités de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargada de homologar criterios, verificar requisitos como la licenciatura en Derecho y aplicar exámenes de conocimiento.
Asimismo, se reducirá el número de candidaturas en las boletas a solo dos perfiles por puesto mediante una insaculación pública que garantice la paridad de género.
Las boletas se simplificarán diferenciando las opciones por colores e incluyendo a los juzgadores en funciones que busquen reelegirse, mientras que el INE dividirá el territorio en distritos para que cada ciudadano vote solo por los cargos de su zona.
Respecto a la organización, la iniciativa propone que el conteo de votos se realice en la misma casilla y que se adelante el plazo para emitir la convocatoria de septiembre a abril, manteniendo la prohibición de que los partidos políticos intervengan en el proceso.
Además, para las personas juzgadoras electas, se establecerán programas obligatorios de capacitación permanente coordinados por el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, sumado a una evaluación de desempeño durante su primer año en funciones.
A nivel regional, la reforma exige que las entidades federativas repliquen este modelo federal, incluyendo la reducción de candidatos y los procesos de insaculación, para lo cual los estados tendrán un plazo de 60 días para adecuar sus constituciones locales una vez aprobada la reforma.
Te puede interesar:
