Según señaló el dirigente partidista, presentará una denuncia al respecto e hizo un llamado al gobernador de Sonora para su protección
Alí Camacho Villegas, presidente del Partido Sonorense, denunció públicamente haber recibido una amenaza de muerte y responsabilizó de este hecho al empresario Cristóbal Navarro Amaya y al expresidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.
La denuncia se da a conocer en el marco del inicio del proceso electoral 2026-2027, en el que Sonora renovará la gubernatura, las diputaciones locales y decenas de ayuntamientos.
A través de un videomensaje publicado en su cuenta personal de X el lunes 28 de septiembre, el dirigente político aseveró que la intimidación se trató de una extorsión clara en la que se amagó con matarlo.
“O plata o plomo, esa fue la amenaza”, dijo. “Hoy hago público un hecho sumamente grave que pone en riesgo mi integridad y la vida de mi familia”, agregó.
Según explicó, el mensaje le fue entregado a través de Navarro Amaya el pasado 26 de septiembre, situación que, según afirmó, puede ser constatada por testigos. En el mensaje se le exigió renunciar a la dirigencia del partido bajo la amenaza de ser asesinado. “Sus palabras textuales fueron: ‘o le damos plata o le damos plomo’”, insistió.
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De acuerdo con lo expuesto, la amenaza de muerte en su contra llegó tras "varios intentos ilegales" para "desestabilizar y tomar el control" del Partido Sonorense. Esto, tal como aseveró, bajo el respaldo del exalcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien es dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Camacho Villegas subrayó que sus afirmaciones están respaldadas por pruebas y evidencias, y señaló que Acosta Gutiérrez, tras no lograr su objetivo por la vía política, ha recurrido a "la intimidación y a las amenazas".
“Hago directamente responsable a Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, El Maloro, de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. “Todos conocemos los señalamientos de corrupción que existen contra El Maloro Acosta como servidor público. Pero lo que no sabíamos es que en su actuar como dirigente de partido podía superar su propio récord”, aseveró.
Alí Camacho Villegas aseguró haber sido amenazado el pasado 26 de septiembre. Foto: X (@AliCamacho16)
Ante este escenario, dio a conocer que presentará una denuncia contra los responsables e hizo un llamado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para que su caso se atienda en la mesa de seguridad estatal y se le otorguen las medidas de protección de ley.
“Una amenaza de muerte es algo que no puedo dejar pasar, ni obviar, ni en aras de la política dejar de lado", subrayó.
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Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez acumula desde hace años diversas denuncias respecto a su desempeño en el servicio público.
La más notoria es su presunta implicación en la investigación de la llamada "Estafa Maestra", publicada en septiembre de 2017. Dicha pesquisa documentó un esquema de 128 empresas fantasma mediante el cual el Gobierno de México desvió más de 400 millones de dólares, en una trama que involucró a 11 dependencias del Estado mexicano, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles.
En dicha investigación periodística se le señaló por participar en la operación en la que se involucraron 186 compañías que recibieron 7670 millones del gobierno federal, así como por el presunto desvío de 447 millones de pesos cuando fungió como titular del Registro Agrario Nacional (RAN).
El exalcalde de Hermosillo ha sido señalado en el pasado de varias irregularidades. Foto: X (@MaloroAcosta)
Asimismo, durante su gestión como alcalde de Hermosillo, cargo al que llegó bajo las siglas del PRI, acumuló múltiples señalamientos por irregularidades administrativas, decisiones presupuestarias cuestionadas y sobrecostos en servicios públicos básicos.
Entre las anomalías reportadas destacan el incremento a las tarifas de agua potable y la adjudicación de un contrato millonario a la empresa Zero Edificaciones para modernizar diez paradas de autobús que permanecieron inoperantes y deficientes.
A esto se sumó la privatización del servicio de alumbrado público por un periodo de 15 años, así como la reprobación de la Cuenta Pública municipal 2016 por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), organismo que calificó el manejo financiero como "inaceptable".
