El dinero en una elección en México: triunfos contundentes con fiscalización débil
Si bien el INE cuenta con facultades para solicitar y obtener información protegida por el secreto bancario, en 2024 la colaboración de instituciones como la UIF, CNBV y SAT fue prácticamente nula.
Las elecciones federal y locales de 2024 en México quedaron marcadas por una paradoja difícil de ignorar: por un lado, un resultado presidencial contundente, con una victoria de 30 puntos porcentuales y el 59.7 por ciento de los votos para la coalición que llevó al triunfo a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores estales y presidentes municipales; por el otro, un sistema de fiscalización electoral que, según evidencias documentadas, mostró una flexibilidad inédita frente a violaciones flagrantes a la normativa.
El Instituto Nacional Electoral (INE) distribuyó más de 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento público entre los partidos políticos, que es la cifra más alta en la historia electoral mexicana.
El INE distribuyó más de 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento público. Foto: Carlos Rocha.
Sin embargo, los órganos electorales técnicos y jurídicos optaron por no aplicar sanciones previstas en la ley.
Por el contrario, redujeron las multas por infracciones recurrentes y dejaron fuera de la fiscalización los millonarios gastos en precampañas anticipadas.
La radiografía de los gastos de campaña, el costo de los votos, así como su impacto en las elecciones locales, permiten observar con claridad cómo la enorme cantidad de recursos económicos favoreció el ejercicio democrático con triunfos incuestionables, pero que, al mismo tiempo, debilitó la fiscalización y proporcionó a los partidos ganadores una ventaja electoral poco cuestionable.
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El financiamiento público a nivel federal
El financiamiento público para los partidos políticos en 2024 alcanzó la cifra histórica de 10 mil 444.2 millones de pesos.
Morena, como fuerza política con mayor votación de la anterior elección, recibió la prerrogativa más grande: 3 mil 130.5 millones de pesos, equivalentes al 30 por ciento del total presupuestado para la elección de ese año.
Le siguieron el PAN, con 1 mil 876.3 millones de pesos, y el PRI con 1 mil 838.4 millones de pesos.
Morena recibió 3 mil millones de pesos de financiamiento político. Foto: Carlos Rocha.
Las elecciones a nivel local: cancha electoral desigual
Según datos de la organización Laboratorio Electoral (www.laboratorioelectoral.mx). el financiamiento para elecciones locales presentó disparidades significativas entre entidades federativas: mientras estados como el de México, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla tienen recibieron las cantidades más altas, estados como Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur no recibieron ni el 10 por ciento que la capital del país y el Estado de México.
Esta distribución refleja las asimetrías en los padrones electorales y la capacidad económica de cada estado, creando condiciones desiguales desde antes que comience la jornada electoral.
A nivel local, Morena accedió al 26 por ciento del total del financiamiento público que recibieron las instituciones políticas, que sumó en su fuerza política al realizar las diferentes alianzas en las entidades federativas.
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Las precampañas: evadiendo la fiscalización
Tanto a nivel federal y local, uno de los aspectos más críticos del proceso 2023-2024 fue la celebración de precampañas anticipadas por parte de todos quienes aspiraron a un puesto de elección popular, pero que al final se materializaron en las dos principales coaliciones:
Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM): Sus aspirantes iniciaron actividades de proselitismo desde junio de 2023, cinco meses antes de lo permitido.
Los candidatos del Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD) replicaron estas estrategias poco después.
Los actos anticipados de campaña son penados. Foto: Carlos Rocha.
Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece como sanción para este tipo de actos anticipados la cancelación del registro de los precandidatos, tanto el INE y el TEPJF optaron por una salida controversial:
- Clasificaron estos procesos como “actividades autoorganizativas” y se abstuvieron de fiscalizarlos, como apuntó en un estudio la doctora Jacqueline Peschard, en el estudio político “El debilitamiento de la fiscalización de los partidos políticos y su impacto en la integridad electoral: México, 2024”.
La coautora de este estudio, Grisel Salazar Rebolledo, coautora del estudio, amplia este hecho:
“Al rehusarse a fiscalizar los gastos de dichos procesos, el INE sucumbió a los intereses de los partidos, atropellando así su propia autonomía y vulnerando su legitimidad como autoridad nacional en la materia”
Grisel Salazar Rebolledo -
Esta decisión dejó fuera del escrutinio público gastos millonarios en propaganda, eventos y encuestas que, de haber sido contabilizados, habrían alterado los topes de campaña y, por tanto, las sanciones posteriores.
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El costo del voto: ¿eficiencia en el gasto o desproporción?
Si bien el INE planteó un escenario de competencia que, en teoría, era equitativa, pero si se observa el costo por voto, esto podría ser un indicador clave de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con los informes de gasto de campaña presentados al INE, se observan diferencias que resultan abismales entre los tres candidatos presidenciales.
Es importante subrayar que en estos cálculos no se incluyen los gastos no reportados, especialmente aquellos de las precampañas, lo que sugiere que el costo real pudo ser significativamente mayor, sobre todo para la coalición ganadora.
¿Cuál sería el costo por voto en las elecciones de México? Foto: Carlos Rocha.
Sin sanciones
El proceso de fiscalización posterior a la elección, tanto a nivel federal como local, culminó con la imposición de sanciones por un total de 1 mil 80.6 millones de pesos que, de acuerdo al INE, se desglosó así:
- 100.3 millones por infracciones en precampañas.
- 980.2 millones por irregularidades en campañas.
Estas multas representaron sólo el 7.6 por ciento de su financiamiento total. En este caso, Morena también fue el partido más sancionado en términos absolutos, con 235.4 millones de pesos. En cambio, Movimiento Ciudadano, sancionado con 151.5 millones de pesos representó el 15.6 de sus recursos.
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Estas sanciones, aunque cuantiosas, fueron notablemente menores a lo permitido por la ley.
Por ejemplo: La sanción por egresos no reportados se mantuvo en 100 por ciento del monto, pese a que se había propuesto en la Ley de Partidos Políticos elevarla al 150 por ciento.
La sanción por egresos no comprobados se redujo al 50 por ciento del monto involucrado.
Morena fue el partido más sancionado en las elecciones. Foto: Carlos Rocha.
Para Jacqueline Peschard Mariscal, estas decisiones reflejan un patrón de indulgencia:
“La mayoría de consejeros electorales estuvieron dispuestos no sólo a reducir sanciones, sino a renunciar al cumplimiento de su función jurídica y ética de aplicar la ley electoral”.
De acuerdo con la investigadora, estas faltas son especialmente graves porque implican un intento deliberado de ocultar gastos, frecuentemente realizados en efectivo, lo que dificulta su rastreo.
Si bien el INE cuenta con facultades para solicitar y obtener información que está protegida por el secreto bancario, al acceder a las cuentas de los partidos políticos, en 2024 la colaboración de instituciones como la UIF, CNBV y SAT fue prácticamente casi nula: 97 por ciento de los requerimientos del INE se perdieron en el limbo burocrático.
Pese a las irregularidades, los resultados electorales fueron ampliamente aceptados a lo largo del país.
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