El senador de Morena se encuentra acusado, junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de nexos con "Los Chapitos"
Este jueves 28 de mayo, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez solicitó licencia para separarse de su cargo, acusando ser blanco de una “embestida mediática” tras las acusaciones que pesan en su contra y de otros nueve funcionarios de Sinaloa por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con la imputación estadounidense, cada uno de ellos colaboró para que la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa pudiera importar “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos.
Debido a estas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) inició su propia investigación; motivo por el cual el 26 de mayo Inzunza Cázarez acudió a declarar ante dicha institución, luego de que esta le girara un citatorio.
La decisión fue dada a conocer a través de una publicación en su cuenta personal de X. Ahí, luego de diversas dudas sobre su paradero, el político sinaloense esclareció que se encuentra en la Ciudad de México.
Aunado a ello, dijo, desde el miércoles 27 de mayo ha acudido al Senado de la República a fin de atender las labores legislativas en torno a las sesiones extraordinarias que se celebrarán el 28 y 29 de mayo.
“En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”, afirmó.
Pese a esto, destacó que ha tomado la decisión de presentar la solicitud de licencia condigna, argumentando ser blanco de una “embestida mediática” por parte de “personeros y medios de la derecha” en su contra.
Así, luego de un mes de ausencia, el senador ha solicitado separarse del escaño que ocupa desde septiembre de 2024. En ese sentido, y al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el legislador, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, confirmó que este había pedido licencia, por lo que no asistiría al Pleno.
“Ya les quitamos el show”, declaró en referencia a quienes buscaban verlo en el Senado.
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Ante esta determinación, será Omar Alejandro López Campos quien sea el senador suplente, quien, a su vez, es parte del equipo y amigo de Inzunza, así como colaborador cercano del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Inzunza precisó que López Campos participará en las sesiones de este 28 y 29 de mayo, mientras que notificó que él seguirá las reuniones de comisiones y la del Pleno del Senado, a fin de apoyar a su grupo parlamentario “con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes” que habrán de discutirse, tales como el de la nulidad de elecciones por intervención extranjera o el aplazamiento de la elección judicial a 2028.
“Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México. ¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!”, concluyó.
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Omar Alejandro López Campos es originario de Culiacán y cuenta con una licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Entre 2013 y 2017 colaboró en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como director del Departamento de Integración y Evaluación, así como en la Jefatura de Servicios de Desarrollo Educativo.
Más tarde, entre 2018 y 2021, se desempeñó como jefe del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa. Posteriormente, ocupó la subsecretaría de Normatividad e Información Registral dentro de la administración de Rubén Rocha Moya.
En octubre de 2025, el hoy gobernador con licencia lo nombró titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de la entidad (SEBIDES), cargo que ostenta actualmente. Asimismo, es el suplente oficial de Enrique Inzunza en el Senado.
Junto a los nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener nexos con “Los Chapitos”, a Inzunza se le imputaron los delitos de narcotráfico y delitos relacionadas con armas de fuego.
Todos son señalados de haber protegido a los cabecillas del Cártel de Sinaloa contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales, facilitando información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del grupo criminal y sus aliados para apoyar sus actividades delictivas.
Asimismo, se acusa a los 10 ciudadanos mexicanos de ordenar a miembros de corporaciones policiales estatales y locales proteger cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; además, permitieron que cometieran actos de violencia sin que tuvieran consecuencias, a cambio de sobornos millonarios.
Particularmente, Inzunza Cázarez es señalado por reunirse, durante su gestión como secretario general de Sinaloa, con líderes de “Los Chapitos” y otros integrantes de la cúpula del Cártel de Sinaloa, con el fin de acordar planes específicos dentro del gobierno estatal para respaldar y proteger a la organización delictiva a cambio de favores y, a su vez, ayudar a los 10 implicados y otros funcionarios a mantenerse en el poder.
Según los documentos judiciales estadounidenses, Inzunza Cázarez ayudó a líderes de “Los Chapitos” a “colocar funcionarios corruptos” para blindar las operaciones de narcotráfico de dicha facción, así como a actuar de enlace entre sus jefes y Rocha Moya, mediante la transmisión de comunicaciones sobre el apoyo mutuo y la protección de su administración.
De acuerdo con Estados Unidos, tanto Inzunza como Rocha Moya se reunieron con líderes del Cártel de Sinaloa y de “Los Chapitos” tras las elecciones en las que este último resultó electo como gobernador.
En ese encuentro, presuntamente, “Los Chapitos” manifestaron que habían apoyado la campaña del hoy gobernador con licencia y, a cambio, se les aseguraría el control de la Policía Estatal de Sinaloa para que pudieran llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo de que fueran interferidas por las autoridades de seguridad locales.
Frente a esta acusación, Inzunza Cázarez fue imputado de los delitos de: conspiración para la importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
Por dichos cargos, en caso de ser encontrado culpable en Estados Unidos, podría alcanzar una sentencia mínima de 40 años de prisión o un máximo de cadena perpetua.
