La iniciativa de la presidenta contempla cambiar la fecha, reducir candidaturas y simplificar las boletas tras la experiencia de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para modificar el modelo de elecciones judiciales en el país.
La propuesta surge tras la experiencia del primer proceso de este tipo realizado en el país el año pasado y de acuerdo con la mandataria plantea ajustes orientados a simplificar la votación, mejorar la selección de candidaturas y facilitar la participación ciudadana.
Uno de los cambios centrales es el traslado de la elección judicial programada para 2027 al domingo 4 de junio de 2028. De aprobarse la reforma, esta jornada podría coincidir con la revocación de mandato, en caso de que sea solicitada.
“Mover la elección del poder judicial del 2027 al 2028, en caso de que haya revocación de mandato en 2028 se hace el mismo día y en la misma casilla”, explicó Sheinbaum.
Sheinbaum señala que la decisión responde también a problemas detectados en ejercicios anteriores en los estados de Durango y Veracruz donde la separación de casillas para distintos procesos desincentivó la participación.
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La elección contemplaría elección de más de 4 mil cargos del Poder Judicial en todo el país. Entre ellos:
La consejera jurídica destacó que la próxima elección judicial pondrá en elección más de 4000 cargos. Foto: Presidencia
A partir de ese proceso, las elecciones posteriores se realizarían de forma concurrente con comicios ordinarios en años como 2030, 2033 y 2036, únicamente para cubrir las vacantes que se vayan generando.
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Alcalde explicó que la iniciativa plantea la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes, es decir, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Su función será homologar criterios y metodologías, así como verificar requisitos básicos como:
Sheinbaum subrayó que, en caso de hacerse la revocación de mandato, ambas votaciones se realizarían en 2028. Foto: Presidencia
Además, se busca unificar evaluaciones que incluyan exámenes de conocimiento.
Otro ajuste relevante es la reducción del número de candidaturas para cada cargo, con el objetivo de facilitar la decisión del electorado.
De acuerdo con la consejería jurídica, la evaluación de aspirantes, cada comité seleccionará a los mejores perfiles, que pasarán por un proceso de insaculación pública hasta definir dos candidaturas por puesto, buscando que además sea garantizando la paridad de género.
Además, la reforma también contempla simplificar las boletas, por lo que cada votante elegirá a un juez y un magistrado por especialidad entre opciones identificadas por el poder que las propone.
Alcalde Luján destacó que la reducción de candidaturas servirá para faciliatr la decisión de las y los electores. Foto: Presidencia
De acuerdo con Luisa Alcalde, las candidaturas estarán diferenciadas por colores y se incluirá a juzgadores en funciones que busquen reelegirse.
Y aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá el territorio en distritos judiciales para que cada persona vote únicamente por los cargos correspondientes a su zona.
La presidenta Claudia Sheinbaum propone que las elecciones judiciales puedan realizarse en la misma ubicación que otros comicios, evitando traslados adicionales para los votantes.
La simplificación de las boletas señala que las candidaturas estarán diferenciadas por colores. Foto: Presidencia
Para que esto pueda ser posible, los partidos políticos no podrán intervenir en este proceso, el conteo de votos se realizará en la misma casilla y se adelantará el plazo para emitir la convocatoria, de septiembre a abril.
La iniciativa establece programas obligatorios de capacitación y actualización permanente para personas juzgadoras, coordinados por el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial.
También se contempla la evaluación de desempeño durante el primer año en funciones.
La reforma busca que las entidades federativas repliquen las reglas establecidas a nivel federal, incluyendo:
Los estados tendrían un plazo de 60 días para adecuar sus constituciones locales una vez aprobada la reforma.
La propuesta será enviada primero a la Cámara de Diputados, luego en caso de ser aprobada, pasará al Senado y posteriormente a los congresos locales, como parte del procedimiento requerido para una reforma constitucional.
“Esperemos que pueda ser aprobada”, señaló Alcalde, al explicar que el objetivo es que entre en vigor en los primeros días de junio.
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