Estados Unidos elevó su ofensiva contra el narcotráfico con una medida que apunta directamente a funcionarios mexicanos, al autorizar el uso de leyes antiterrorismo en su contra.
El gobierno de Estados Unidos ordenó a fiscales federales aplicar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, en particular con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La medida forma parte de una nueva directriz impulsada por el presidente Donald Trump, que busca endurecer el combate al crimen organizado transnacional y ampliar el alcance de las investigaciones judiciales.
Foto: X (@NigeriaStories)
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a sus fiscalías federales a intensificar las indagatorias contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.
La instrucción fue dada durante una reunión interna encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del DOJ, quien coordina las prioridades de los 93 fiscales federales del país.
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La estrategia se sustenta en una orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado, mediante la cual varios cárteles latinoamericanos fueron catalogados como organizaciones terroristas.
Con esta clasificación, los fiscales estadounidenses pueden presentar cargos no solo por narcotráfico o lavado de dinero, sino también por brindar “apoyo material a organizaciones terroristas”, lo que abre la puerta a sanciones mucho más severas.
Foto: Department of Justice
Durante la reunión, Singh habría solicitado “triplicar” las acusaciones contra funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilicen sus cargos para beneficiar a grupos criminales.
Esto podría derivar en procesos judiciales más agresivos, incluyendo penas de cadena perpetua, en caso de comprobarse vínculos con organizaciones delictivas.
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Especialistas advierten que esta medida podría modificar de forma significativa la relación judicial entre México y Estados Unidos, al ampliar el margen de acción de las autoridades estadounidenses y endurecer las sanciones contra quienes colaboren con estructuras del narcotráfico.
El nuevo enfoque también podría generar tensiones diplomáticas, al involucrar directamente a funcionarios mexicanos en investigaciones bajo leyes de terrorismo.
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