La FGR reveló cómo operaba una red de huachicol fiscal que utilizaba ferrocarriles, empresas fachada y documentos alterados para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles sobre la operación de una presunta red de huachicol fiscal que utilizaba el sistema ferroviario para ingresar combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México.
La investigación abarca al menos nueve estados y ha derivado en el aseguramiento de 170 ferrotanques, más de 18 millones de litros de hidrocarburos y un daño económico estimado en 238 millones 818 mil pesos.
Foto: FGR
De acuerdo con las autoridades, el esquema criminal iba más allá del robo de combustible en ductos, pues recurría a empresas importadoras, operadores ferroviarios y documentación alterada para dar apariencia legal a los cargamentos.
Según la FGR, la organización introducía combustible al país mediante ferrotanques que cruzaban la frontera norte con documentación presuntamente alterada.
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Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran:
Una vez en territorio mexicano, los cargamentos eran distribuidos mediante una red logística que conectaba diversos estados.
Foto: FGR
Las investigaciones identificaron operaciones en al menos nueve entidades.
Los principales nodos logísticos se ubicaban en:
Además, la FGR realizó aseguramientos en:
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En esta última entidad también fue asegurada una espuela ferroviaria utilizada como parte del circuito de distribución.
El expediente de mayor magnitud se concentró en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde las autoridades aseguraron:
Este operativo derivó en diversas detenciones y en la vinculación a proceso de presuntos integrantes de la organización.
Foto: FGR
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) estableció que las distintas empresas, operadores ferroviarios, agentes aduanales y esquemas financieros formaban parte de una sola estructura criminal.
Las líneas de investigación permanecen abiertas e involucran a más de 70 personas físicas y morales, entre ellas empresas, operadores logísticos y presuntos servidores públicos relacionados con la introducción y distribución ilegal de hidrocarburos.
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