La FGR investiga a nueve empresas proveedoras de la DEFENSA por presunto fraude fiscal y contratos por más de 4 mil 200 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra una red de nueve empresas proveedoras de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) por un presunto fraude fiscal relacionado con contratos que, en conjunto, superan los 4 mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, estas compañías participaron en un esquema para simular operaciones financieras mientras obtenían contratos para suministrar:
Foto: FGR
Entre las irregularidades detectadas también figura un contrato con un presunto sobreprecio de 175.6 millones de pesos, uno de los casos que forma parte de la carpeta de investigación.
La investigación derivó en una acción penal contra Mario Alfonso “N”, quien fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril dentro de la causa penal 448/2025.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, un juez otorgó tres meses para la investigación complementaria y permitió que el empresario enfrentara el proceso en libertad.
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Además de Mario Alfonso “N”, la FGR también identifica vínculos con integrantes de su familia.
Su medio hermano, Eduardo Alejandro “N”, y su madre, Patricia “N”, aparecen como accionistas o representantes legales de empresas creadas entre 2008 y 2013, las cuales comenzaron a contratar con la DEFENSA desde esos años.
Aunque fue a partir de 2019 cuando los negocios de esta familia crecieron de manera significativa.
Foto: Brinta
El caso comenzó tras una serie de auditorías realizadas por elServicio de Administración Tributaria (SAT), que detectó una presunta triangulación de recursos con empresas fantasma por alrededor de 200 millones de pesos.
Como resultado, la autoridad fiscal determinó créditos fiscales por 179 millones de pesos, entre las empresas señaladas destaca:
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Varias de las empresas intentaron revertir las resoluciones del SAT mediante juicios de nulidad; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó los créditos fiscales impuestos a Nicela e Intman.
Además, en abril pasado, un tribunal colegiado negó un amparo promovido por Nicela.
Las resoluciones judiciales concluyeron que el SAT acreditó que la empresa no contaba con trabajadores ni con la capacidad material para prestar los servicios facturados, además de que realizó operaciones con compañías sin activos.
Mientras el plazo de investigación complementaria está por concluir, la FGR continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de la presunta red de fraude fiscal
