La FGR explicó qué implica la suspensión definitiva concedida a Ernesto Ruffo Appel y por qué su proceso penal sigue abierto.
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró este domingo 1 de noviembre que el proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continúa abierto, pese a que una jueza federal le concedió una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso.
Mediante el comunicado 770/26, la dependencia explicó que la resolución judicial del 29 de octubre no elimina las acusaciones ni representa una absolución. Su efecto es impedir que el procedimiento avance a la etapa de juicio oral mientras se resuelve el amparo promovido por la defensa.
Ruffo Appel permanece vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con hidrocarburos, dentro de una investigación sobre contrabando de combustible.
La Fiscalía respondió a las versiones difundidas sobre la resolución concedida al exmandatario el 29 de octubre.
En su comunicado precisó que Ruffo Appel continúa sujeto a un proceso penal y que las investigaciones relacionadas con su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos permanecen abiertas.
La suspensión judicial impide temporalmente que comience el juicio oral, pero permite que el procedimiento llegue hasta la conclusión de la etapa intermedia, según los alcances descritos por la dependencia.
El pronunciamiento busca aclarar una diferencia fundamental: obtener una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo no significa que un tribunal haya determinado la inocencia de la persona investigada.
El caso tiene antecedentes desde julio, cuando POSTA explicó por qué Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso junto con otros siete imputados.
La resolución fue emitida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con residencia en Toluca.
La jueza concedió la medida dentro del expediente de amparo 1085/2026, promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado en julio.
El efecto de la suspensión es mantener detenido el avance hacia el juicio oral hasta que se resuelva el fondo del amparo. No implica cancelar automáticamente la vinculación a proceso.
La palabra definitiva se refiere a la duración de la medida cautelar dentro del trámite de amparo, no a una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal del exgobernador.
Ruffo ya había obtenido otras resoluciones judiciales durante el año. En septiembre, POSTA informó sobre un amparo relacionado con las condiciones de su prisión preventiva.
La investigación de la FGR está relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos que habría utilizado ferrotanques para introducir combustible a México mediante declaraciones aduanales irregulares.
Entre las empresas investigadas aparece Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista. La Fiscalía sostiene que existen elementos financieros y documentales que deben ser examinados dentro del procedimiento penal.
Las acusaciones difundidas en el expediente incluyen presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, esos señalamientos no constituyen una sentencia. Corresponderá a los tribunales determinar si las pruebas acreditan alguna responsabilidad penal.
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La suspensión concedida el 29 de octubre no modifica por sí misma las medidas cautelares que debe cumplir el exgobernador.
Ruffo Appel permanece bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California, después de que una autoridad judicial autorizara el cambio de lugar de reclusión en septiembre.
La medida fue concedida tras una revisión de sus circunstancias personales y de salud, pero no significó que recuperara plenamente su libertad.
El exmandatario debe cumplir las restricciones fijadas por el juzgado, entre ellas la vigilancia de las autoridades y las limitaciones de desplazamiento establecidas en su procedimiento.
POSTA explicó las condiciones de la prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo y la vigilancia prevista para su residencia.
El siguiente paso será que la autoridad federal competente resuelva el juicio de amparo promovido contra su vinculación a proceso.
Hasta entonces, la causa penal no podrá avanzar a la apertura del juicio oral en los términos señalados por la FGR.
El resultado del amparo determinará los efectos jurídicos posteriores sobre la vinculación a proceso. No puede anticiparse si la resolución será favorable a la defensa o a la Fiscalía.
La FGR aseguró que mantendrá sus investigaciones. La defensa, por su parte, conserva el derecho de impugnar las determinaciones judiciales y presentar los argumentos que considere pertinentes.
El caso continúa sin una sentencia que establezca responsabilidad penal. La suspensión definitiva representa una protección procesal temporal, no el cierre de la investigación.
