La también viuda de Carlos Manzo rechazó las acusaciones y afirmó que el dispositivo siempre ha estado a disposición de la Fiscalía de Michoacán
Este martes 5 de mayo, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, se ha negado a entregar el celular perteneciente a su esposo, Carlos Manzo Rodríguez; un aparato que podría ser clave en las investigaciones de este asesinato.
Las declaraciones del funcionario surgieron tras los señalamientos de Juan Daniel Manzo, hermano de la víctima, quien en días recientes acusó a Quiroz de retener el dispositivo. Asimismo, el familiar pidió a las autoridades que se investigue al círculo cercano y familiar de su hermano por el homicidio.
Cuestionado por periodistas, el fiscal de Michoacán señaló que todas las posibles pruebas sobre el caso son bienvenidas para la institución y para el desarrollo de la investigación sobre el homicidio de Manzo.
En ese sentido, confirmó que el celular fue requerido por la Fiscalía en dos ocasiones durante 2025: la primera en noviembre, mes en el que ocurrió el asesinato, y la segunda en diciembre.
Según explicó, se le solicitó a Quiroz que entregara el dispositivo debido a que este podría aportar “algunos elementos adicionales” a las pesquisas, tales como posibles amenazas o indicios de importancia.
No obstante, el fiscal señaló que la hoy presidenta municipal se ha negado a entregarlo bajo el argumento de que el deseo de Manzo en vida era que nadie más que ella tuviera acceso al teléfono.
“La presidenta Grecia fue muy enfática en decir que Carlos Manzo, en vida, siempre mencionó que no quería que el celular lo tuviera alguna otra persona. Eso es lo que hace referencia”, dijo.
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A pesar de esta negativa, Torres Piña enfatizó que las autoridades estatales están abiertas a recibir el dispositivo, ya que podría aportar nuevos elementos al caso.
“Y si ella lo quiere aportar, lo quiere presentar, en algún proceso permitirá la ayuda, en algún tema que pudiera tener alguna situación en específico, de alguna conversación, algún señalamiento, alguna amenaza, pues sería para eso un dado caso que se aportara”, agregó.
Aunado a esto, se le cuestionó si el teléfono podría ser solicitado formalmente a través de una orden judicial. Ante esto, el funcionario reconoció que dicha posibilidad sigue abierta, aunque admitió que el aparato fue catalogado inicialmente como un objeto de "pertenencia personal" y no como una prueba física.
“Pudiéramos requerirlo judicialmente pero también se tiene que valorar las pertenencias personales, no fue presentado como una prueba, se tuvo como pertenencia personal y siempre lo utilizaron ellos como familia el resguardo del propio celular”, explicó.
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Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobernación de Michoacán y hermano de Carlos Manzo, marcó un distanciamiento rotundo frente al movimiento del “sombrero”, organización fundada por su difunto hermano.
Él advirtió que no se puede otorgar un "cheque en blanco" o respaldo automático a la agrupación mientras el homicidio no esté completamente esclarecido. “Yo no puedo dar un cheque en blanco al movimiento, por muy que lo haya fundado Carlos”, dijo.
El funcionario estatal manifestó su preocupación por el rumbo de las indagatorias, señalando que actualmente se le está dando mayor peso a las actividades e intereses políticos del grupo que al avance real de la justicia, y reiteró que su única ruta es el esclarecimiento del crimen. Esto pues Quiroz ha insistido que el homicidio podría estar vinculado a la rivalidad política entre Carlos Manzo y políticos de Michacán, varios de ellos vinculados a Morena.
Manzo Rodríguez exigió formalmente que la Fiscalía de Michoacán realice una investigación exhaustiva y sin filtros, la cual debe abarcar no solo la línea de investigación política, sino también el entorno familiar de la víctima y el círculo de funcionarios de la actual administración del Ayuntamiento de Uruapan.
Esto, pues Juan Daniel Manzo recordó que las investigaciones ya han derivado en detenciones que apuntan hacia el interior de la administración local.
Entre ellas destacó el caso de Samuel García, exdirector de Protocolo y un elemento muy cercano a las decisiones de la presidencia municipal, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano tras haber confesado que filtró información sensible a cambio de drogas.
Asimismo, denunció que existe un jefe de escoltas prófugo con una orden de aprehensión vigente, cuya captura no ha sido priorizada por las autoridades.
Además expresó su inconformidad ante las acciones de Quiroz, a quien señaló de acudir con el fiscal para gestionar un cambio de medidas cautelares con el propósito de liberar a los escoltas que se encuentran detenidos por el caso. Él calificó de inaceptable que se pretenda excarcelar a estos elementos antes de que concluyan las indagatorias.
Asimismo, insistió en que el teléfono celular de su hermano Carlos Manzo debió haber sido entregado a los investigadores de la Fiscalía desde el inicio de las indagaciones y criticó que otros colaboradores cercanos, como el secretario particular del fallecido, no hayan comparecido a declarar a pesar de haber transcurrido seis meses del suceso.
Tras las declaraciones del hermano de su esposo, Quiroz rechazó las acusaciones y lo invitó a "darse un chapuzón" en las carpetas de investigación antes de emitir juicios. Desmintió que el Ayuntamiento de Uruapan esté financiando con recursos públicos la defensa legal de los siete escoltas imputados por el homicidio doloso.
Al respecto, la alcaldesa aclaró que los policías señalados ya fueron dados de baja definitiva de la nómina municipal y acusó que detrás de estos señalamientos existe un trasfondo meramente político para desestabilizar su gestión.
En relación con la situación jurídica de los escoltas detenidos, la presidenta municipal explicó que, de acuerdo con lo conversado en su momento con las autoridades de la Fiscalía, no se encontraron indicios en los teléfonos celulares de los agentes ni elementos que probaran que filtraran información para facilitar el ataque. No obstante, admitió que el proceso en su contra continúa bajo la figura de omisión.
Ante esto, Quiroz cuestionó el criterio de la imputación al señalar un "desequilibrio" en la justicia, argumentando que bajo esa misma lógica de omisión se debería procesar a los agentes de la Guardia Nacional que estaban asignados a la seguridad de la zona y que aún siguen en funciones, así como a las diversas instancias que ignoraron los reiterados llamados de auxilio que Carlos Manzo realizó en vida.
Además, abordó los señalamientos respecto a su supuesta negativa para entregar el teléfono celular a la Fiscalía de Michoacán. Quiroz desmintió estar obstruyendo la justicia y aclaró que el dispositivo móvil está a disposición de las autoridades bajo la única condición de que la revisión del contenido, geolocalizaciones y metadatos se realice estrictamente en su presencia.
Justificó esta postura señalando la desconfianza que impera en los métodos de manejo de información dentro de las fiscalías, advirtiendo que entregar el teléfono sin supervisión implica el riesgo latente de que se manipulen las evidencias, se borre información o se siembren pruebas de manera deliberada.
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