Detenciones arbitrarias y lesiones graves son provocadas por cuerpos policiacos, denunciaron familiares en Chiapas.
Luego de dos años dominados por la confrontación de grupos de la delincuencia organizada, qué provocó el éxodo de cientos de habitantes de comunidades rurales, las poblaciones todavía no se sienten seguras ahora por la actuación de la policía, cuyos cuerpos especiales se han dedicado a violentar los Derechos Humanos.
Así lo denunciaron en la sede de Cáritas en Chiapas, el grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, y miembros de la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús, que acompañan la demanda de familiares de personas detenidas, las cuales afirman, son inocentes de los delitos que les han sido imputados.
El grupo de “Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal -FRIP por sus siglas-, se ha convertido en el mayor operador de vigilancia interestatal, pero con atribuciones de realizar detenciones en toda la entidad.
Su intervención ha sido clave en municipios cuyas policías fueron desmanteladas por presunta colusión con la delincuencia organizada, o por falta de la certificación indispensable para poder laborar. Formado en diciembre del 2024, en su mayoría se integra por ex policías federales del norte del país.
Te puede interesar....
El pasado 22 de enero, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, elementos encapuchados del grupo Pakal realizaron la detención de cinco personas, entre las cuales se encontraba Orbey Juárez, conocido en su comunidad por su trabajo pastoral dentro de la orden franciscana, de la cual era miembro hasta hace unos años y donde actualmente realizaba servicios comunitarios en la capilla católica de la comunidad “La Esperanza”.
A la par, realiza actividades de reparaciones eléctricas, y el día de su detención se dirigía a sus labores.
La detención fue atestiguada por miembros de su familia, pero no pudieron aclarar nada ante el grupo policiaco, el cual profirió amenazas y realizaba malos tratos al detenido.
Junto con Orbey, fueron detenidos cuatro personas más, las cuales estuvieron sin ser llevadas ante la autoridad por cuatro días, para finalmente ser enviados al penal de San Cristóbal de las Casas, con señas evidentes de golpes y lesiones donde permanecen detenidos.
Los abogados miembros de la organización Por la Protección y Defensa de los Derechos Humanos destacaron que el expediente está plagado de irregularidades, pues fueron acusados de un asesinato donde todas las supuestas pruebas fueron manipuladas por la policía Pakal.
El sacerdote Gilberto Hernández, asesor de la pastoral social de la Arquidiócesis de Tuxtla informó que el acompañamiento a las denuncias sobre abusos por fabricación de delitos y detenciones arbitrarias se da en el contexto del respeto a los Derechos Humanos.
Subrayó que la existencia de casos como los denunciados en Pueblo Nuevo Solistahuacán no abonan a la construcción de la paz social que tanto se busca en Chiapas.
Puntualizó que la acciones denunciadas por familiares y clérigos “desdicen el propósito” y por eso es el llamado a las autoridades, a todos los niveles de gobierno, a que los procedimientos sean con mucho respeto a los derechos humanos y se respete la presunción de inocencia y se erradiquen todas las clases de mecanismos que en antaño existían.
Subrayó que “la paz es fruto de la justicia”, y cuando se criminaliza y se obstaculiza el desarrollo de las comunidades, no es un buen precedente.
Te puede interesar....
Creados en diciembre del año 2024 y con un equipamiento renovado, la contratación de policías que integran el grupo “Pakal” provocó polémica en Chiapas por ser conformado por personas ajenas a la entidad.
Las autoridades destacaron que los miembros de este grupo debían ser con formación de élite, y por tanto podían provenir de cualquier parte del país mientras cumplieran los requisitos. Con un ingreso de $50,000 por elemento, estas fuerzas especiales se encuentran entre las mejor pagadas del país.
Te puede interesar....
