Los problemas intracomunitarios en el estado de Chiapas han generado que cientos de indígenas y campesinos abandonen sus tierras.
Expulsados de su comunidad por conflictos intracomunitarios, principalmente por la tenencia de la tierra, o en consecuencia de conflictos postelectorales, municipio que mantiene conflictos activos, donde los desplazados siguen demandando justicia.
La familias expulsadas desde el año 2023 no han podido regresar a sus viviendas, sus tierras de cultivo e incluso dejaron olvidados sus inmuebles y cosechas.
Desde esa fecha, sobreviven en un campamento a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, luego de que fueron atacados a inicios del mes de junio de ese año luego de haber sido desplazados de su ejido, refugiándose en una bodega en la comunidad de Polhó.
El resultado de esa agresión fueron siete personas fallecidas y tres heridas y hasta la fecha la fiscalía del estado no ha informado sobre la conclusión de las investigaciones que ya llevan tres años.
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Decididos a realizar un paro indefinido a las puertas de la sede del gobierno de Chiapas, solicitando el cumplimiento de las minutas de trabajo firmadas por la actual administración, las familias desplazadas continúan reclamando el poder regresar a las tierras que antes ocupaban, así lo manifestó Manuel Gómez Velasco representante del grupo que hoy solicito a los órganos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, la atención de su problemática.
Porque además tienen cinco desaparecidos que no están siendo buscados por las autoridades. Reclamaron que no tienen ningún avance en la búsqueda de Justicia luego de la agresión de la que fueron sujetos cuando se refugiaban en la comunidad de Polhó.
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A pesar de la firma de minutas, el gobierno del estado de Chiapas aún no informa de la detención de quiénes fueron señalados como los ejecutores de esas agresiones, un grupo conocido en la zona como "Los ratones", que operan en la región cómo pistoleros.
La zona indígenas poseen su propia organización de policía y resuelven la mayoría de estos conflictos baja su sistema de usos y costumbres.
Apuntaron que la reunión con autoridades solo será aceptada de realizarse con el gobernador del estado Eduardo Ramírez, y con el fiscal local Jorge Llaven.
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