México

INE anuncia candados anticorrupción para contratar servicios rumbo a las elecciones de 2027

Las medidas anticorrupción se sustentan en un modelo de siete criterios, acompañados por la creación de un Grupo de Trabajo Técnico del INE

Las indagatorias de la ASF y la FGR se complementan con la reciente decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar las cuentas bancarias de la exfuncionaria, de familiares y de ocho excolaboradores. Foto: Google Maps
Las indagatorias de la ASF y la FGR se complementan con la reciente decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar las cuentas bancarias de la exfuncionaria, de familiares y de ocho excolaboradores. Foto: Google Maps

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que impondrá nuevas medidas, tanto para funcionarios como para contratistas, a fin de evitar beneficios, conflictos de intereses o beneficios de algún tipo. 

Estas medidas se anuncian en el marco del escándalo de presunta corrupción atribuido a la exconsejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, a quien se le vincula con una red en la que al menos siete empresas obtuvieron contratos del INE tras simular procesos de licitación mediante esquemas de triangulación con firmas que presuntamente emitieron facturas por bienes o servicios inexistentes.

La situación, derivada de investigaciones periodísticas, provocó la renuncia de al menos 30 funcionarios, incluida Taddei Zavala. Asimismo, el caso ya es investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el INE ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué el INE estableció mecanismos anticorrupción para próximas contrataciones?

A través de un comunicado publicado el miércoles 11 de noviembre, el instituto afirmó que aplicará diversas medidas para "fortalecer la integridad institucional, prevenir irregularidades y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas".

Entre estas disposiciones se encuentran criterios de certeza, legalidad y uso responsable de los recursos públicos en sus contrataciones, los cuales se aplicarán en la adquisición de bienes y servicios considerados como "indispensables" para la operación y organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

En su texto, el INE reconoció que la crisis desatada tras el caso de Taddei Zavala ha generado un clima de desconfianza sobre el manejo del presupuesto en el organismo, por lo que expuso que se comprometerá a tener reglas más estrictas y a priorizar las licitaciones públicas.

Para cumplir estas metas, el órgano electoral señaló que establecerá "mayores controles en cada contratación", sin que esto interrumpa las tareas que exigen el cumplimiento de tiempos precisos para garantizar la organización de las elecciones del próximo año.

¿Qué ejes segurián ahora los criterios de contratación del INE?

El INE informó que las contrataciones estarán sustentadas en siete criterios, los cuales derivan del cumplimiento del Acuerdo INE/CG728/2026, aprobado por el Consejo General en la sesión extraordinaria del pasado 5 de noviembre.

Estos siete criterios son:

  • Legalidad e integridad. Cada procedimiento estará apegado estrictamente a la normativa y libre de conflictos de interés
  • Necesidad justificada. Sólo adquirirán lo que responda a una necesidad acreditada, con prioridad para lo indispensable
  • Racionalidad y eficiencia. Buscarán las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, sin gastos innecesarios
  • Transparencia y máxima publicidad. Ampliarán la información pública sobre el objetivo, el procedimiento y el resultado de cada contratación
  • Licitación pública como regla. El procedimiento prioritario será en todas las áreas; la adjudicación directa deberá justificarse
  • Competencia en igualdad de condiciones. Los proveedores participarán con las mismas reglas, sin ventajas indebidas
  • Supervisión y rendición de cuentas. Cada decisión quedará documentada, con responsables identificados y seguimiento al cumplimiento de los contratos

Aunado a esto, se enfatizó que las responsabilidades alcanzarán a cada servidor público que intervenga en una contratación, "desde que se identifica la necesidad hasta que se recibe el bien o servicio".

Igualmente, el personal deberá informar oportunamente sobre cualquier "posible conflicto de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables", conforme al Código de Ética y al Código de Conducta del Instituto.

A la par, el organismo instalará el Grupo de Trabajo Técnico para el Fortalecimiento Normativo y de Controles Institucionales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 2026-2029, instancia que colaborará con las autoridades fiscalizadoras competentes y revisará la normativa vigente para blindar estos procesos.

¿Qué se sabe sobre caso de presunta corrupción de Guadalupe Taddei?

A finales de octubre, el diario Reforma publicó una investigación sobre Taddei Zavala en la que reveló que al menos siete empresas obtuvieron contratos del INE tras simular procesos de licitación. El reportaje detalla que estas compañías habrían participado en esquemas de triangulación con firmas que presuntamente emitieron facturas por bienes o servicios inexistentes.

De acuerdo con El Universal, este grupo de empresas, ligado a un conglomerado corporativo encabezado por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, obtuvo contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 entidades del país.

Entre las razones sociales señaladas, dedicadas a la venta de material electoral, se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México.

A estos señalamientos se sumó la difusión de fotografías y videos en los que se observa a Taddei Zavala, junto con familiares y colaboradores, en reuniones con los hermanos Hernández Casillas, lo que intensificó las sospechas de un conflicto de interés.

Ante la polémica, el domingo 25 de octubre el INE difundió un comunicado firmado por la consejera presidenta en el que anunció su decisión de renunciar al cargo. Más tarde, el 3 de noviembre, el instituto informó que hasta esa fecha 30 personas habían dimitido, 17 de ellas adscritas a la oficina de Taddei Zavala, entre las que destaca su entonces jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

El 4 de noviembre, la ASF confirmó que investiga presuntas irregularidades en el órgano electoral, indagatoria que abarca tanto su gestión reciente como administraciones pasadas, a través de tres líneas principales de auditoría dirigidas a entes públicos asociados al INE, a sus procesos de adquisiciones y servicios, y a los grupos empresariales vinculados con estos.

Dos días después, el 6 de noviembre, el INE presentó formalmente su denuncia ante la FGR con el fin de que se deslinden responsabilidades y se investiguen a profundidad las posibles anomalías detectadas al interior del instituto, pesquisas que, según afirmó la autoridad electoral, no se limitarán a Taddei Zavala, sino que abarcarán a cualquier funcionario o exfuncionario involucrado.

Finalmente, el 11 de noviembre el diario Milenio informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Taddei Zavala, de su hermano y de uno de sus hijos, así como las de ocho exfuncionarios del organismo electoral.


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