De acuerdo a lo definido por el Consejo General del INE, por aspirante se incluye un límite de más de 2 millones 932 mil pesos
El Instituto Nacional Electoral (INE) definió los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa que participarán en la contienda del próximo año.
Durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027 se renovarán 500 escaños de la Cámara de Diputados, 300 por voto directo(principio de mayoría relativa) y 200 por representación proporcional, además de elegirse 17 gubernaturas en los estados.
Esta decisión del INE ocurre en medio de la polémica por presuntas redes de corrupción que involucran a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, cuya revelación motivó su separación del cargo. No obstante, diversos sectores han exigido que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, más allá de la renuncia al puesto.
El tope de gastos fue establecido durante la sesión del Consejo General del INE del jueves 29 de octubre, acuerdo que fijó los límites económicos que deberán acatar partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes durante la contienda electoral de 2027.
En este marco, el documento definió en 440 652 pesos el tope máximo de gastos de precampaña por precandidatura a una diputación federal, y en 2 491 466 pesos el tope máximo de gastos de campaña por candidatura; es decir, la suma global alcanza un presupuesto de 2 932 118 pesos por aspirante.
Según se precisó, estos montos fueron calculados de acuerdo con los mecanismos previstos en la legislación electoral y serán aplicables para las 500 diputaciones federales que se renovarán en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.
En ese sentido, el Consejo General del INE apuntó que el límite para precampañas corresponde al 20 % del tope de campaña utilizado en el proceso de 2023-2024. En tanto, la fijación del monto para las campañas se realizó mediante la actualización de los parámetros legales a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual registró un incremento acumulado del 13.08 % entre 2023 y 2026.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el consejero Arturo Chávez López, aseveró que el objetivo es “frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”.
Adicionalmente a estas medidas, solicitó a las fuerzas políticas y candidaturas reducir al mínimo el uso de dinero en efectivo durante los periodos de precampaña y campaña.
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En esa misma sesión, el Consejo General aprobó las reglas para la reelección de diputados federales rumbo a los comicios de 2027. Esta será la última vez que los legisladores puedan buscar un nuevo periodo en el Congreso, ya que a partir de 2030 entrará en vigor la prohibición constitucional de la reelección.
Los nuevos lineamientos establecen que los diputados que aspiren a reelegirse podrán seguir en su puesto mientras hacen campaña, siempre y cuando no desvíen recursos públicos, mantengan la imparcialidad y entreguen una carta de intención al INE, a la Cámara Baja y a su partido a más tardar el 3 de enero de 2027.
Por otro lado, quienes quieran cambiar de partido, las reglas señalan que para postularse por una fuerza política distinta, la o el legislador debió renunciar a su militancia antes de la mitad de su mandato; es decir, a más tardar el 28 de febrero de 2026. Si se quedan, solo podrán ser lanzados por el mismo partido o por uno de los aliados de su coalición original.
Por último, el INE advirtió que quienes busquen repetir en el cargo deberán cumplir estrictamente con las reglas de paridad de género, las acciones afirmativas y someterse a una lupa financiera mucho más estricta para transparentar el origen y uso de su dinero en campaña.
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El diario Reforma publicó una investigación contra Taddei Zavala en la que reveló que al menos siete empresas obtuvieron contratos del INE tras simular procesos de licitación. El reportaje detalla que estas compañías habrían participado en esquemas de triangulación con empresas que presuntamente emitieron facturas por bienes o servicios inexistentes.
De acuerdo con el diario El Universal, estas siete firmas, ligadas a un grupo corporativo encabezado por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 entidades del país.
Las siete empresas señaladas, dedicadas a la venta de material electoral, son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México.
A estos señalamientos se sumó la difusión de fotografías y videos en los que se observa a Taddei Zavala, junto con familiares y colaboradores, en reuniones con los hermanos Hernández Casillas, lo que intensificó las sospechas de un conflicto de interés.
Ante la polémica, el domingo 25 de octubre el INE difundió un comunicado firmado por la consejera presidenta en el que anunció su decisión de renunciar al cargo.
La dimisión ocurre en pleno inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, hecho calificado por analistas como inédito, al ser la primera ocasión en que la persona al frente del órgano arbitral dimite en medio de acusaciones de corrupción.
Mientras las investigaciones se intensifican, surgió un nuevo audio atribuido a José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su presunta participación en las irregularidades de la administración. En la grabación, el contratista afirma contar con contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y advierte: “Si ella robó o yo robé, veremos cómo nos toca”.
Además, asegura haber cumplido con la entrega de proyectos en el instituto y señala directamente a la funcionaria: “Ahí tiene a toda mi gente metida, yo cumplí. Los proyectos que yo metí, todos se hicieron. La señora quería todo para ella”, dijo Hernández.
Ante estos hechos, los consejeros electorales reiteraron que se deslindarán responsabilidades y se actuará conforme a la ley para esclarecer el papel tanto del contratista como de los funcionarios involucrados.
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