El ex funcionario público está prófugo, mientras que su esposa enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora impuso una inhabilitación por 50 años para ocupar cargos públicos y una sanción económica de 134 millones 895 mil 183 pesos a Juan Alan “N”, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).
La sanción fue informada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como resultado de una investigación por responsabilidades administrativas graves.
Foto: Facebook (Primera Línea)
La dependencia confirmó que el exfuncionario permanece prófugo de la justicia.
En el mismo caso, Andrea Fernanda, esposa de Juan Alan “N”, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, además de un procedimiento previo por peculado.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que en septiembre se formuló imputación y se obtuvo prisión preventiva justificada, al acreditar su presunta participación en el manejo y ocultamiento de recursos públicos desviados por su cónyuge.
De acuerdo con la investigación ministerial, entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 se realizaron transferencias bancarias por más de 106 millones de pesos desde cuentas de Juan Alan “N” hacia cuentas de su esposa.
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La FGJES señaló que los recursos habrían sido utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y para cubrir gastos personales.
Como parte de las indagatorias, las autoridades aseguraron cuentas bancarias y bienes relacionados con el caso y mantienen abiertas diligencias para detectar otras operaciones.
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De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene abierta una investigación contra ocho funcionarios del CECOP, por su presunta participación en un desvío de 67 millones de pesos, detectado mediante transferencias irregulares a cuentas personales.
La titular de la dependencia, María Dolores del Río Sánchez, confirmó que, además de los cinco servidores públicos inicialmente señalados, tres más son investigados por presuntamente facilitar los trámites administrativos que permitieron el desvío.
Foto: X (@demiandu)
La auditoría al CECOP inició el 1 de abril de 2025, tras una denuncia presentada por el exdirector del organismo. Como parte de las medidas cautelares, las autoridades:
Suspendieron temporalmente a cuatro funcionarios.
Aplicaron reducciones salariales.
Ordenaron el embargo precautorio de un inmueble vinculado a uno de los investigados.
El expediente por responsabilidades administrativas fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras la FGJES continúa con la investigación penal correspondiente.
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