La Ley de Aguas ha desencadenado una gran cantidad de opiniones divididas, por lo que han habido distintas protestas a lo largo del país.
La Ley de Aguas es un tema que ha desencadenado una gran controversia a lo largo de los últimos meses, ya que el Gobierno de México impulsó una nueva reforma para poder modificarla.
Por ello, agricultores, ganaderos y transportistas de al menos 22 estados han convocado a movilizaciones masivas para manifestar su rechazo a la propuesta de reforma hídrica, la cual ha sido impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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De acuerdo con los testimonios de los productores agrícolas, la iniciativa limita la posibilidad de heredar o vender concesiones de agua, lo que podría generar una desvalorización de sus tierras.
De hecho, en el estado de Coahuila, transportistas y campesinos marcharon con tractores y tráileres por la carretera federal 57 para exigir que no se modifiquen los derechos concesionales.
Además de los cambios en las concesiones, se teme que la ley imponga sanciones económicas muy altas para quienes no cumplan con los nuevos requisitos o permisos.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido la iniciativa señalando que su objetivo es "evitar la mercantilización del agua por privados" y redistribuir el recurso de forma más justa, especialmente hacia los pequeños y medianos agricultores.
Aunado a ello, detalló que con la nueva norma ya no será posible vender ni transmitir las concesiones en caso de cambio de uso; deberá regresarse a Conagua, quien entregará un nuevo título.
Así mismo, destacó que con estos cambios quedará eliminada la posibilidad de transferir concesiones entre particulares. Las prórrogas pasarán por análisis de Conagua, quien analizará si el interesado está al corriente en sus pagos, si usa el agua para los fines que fue concesionada y si cuenta con medidores.
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La propuesta de nueva Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno federal, busca reemplazar y reformar el actual marco hídrico del país con el objetivo declarado de garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la gobernanza sobre un recurso cada vez más presionado.
El proyecto incorpora nuevos principios rectores, como la progresividad, la no regresión, la equidad intergeneracional y el criterio “in dubio pro aqua”, que obliga a resolver cualquier duda en favor de la protección del recurso. También introduce obligaciones con enfoque de género y de inclusión para comunidades indígenas y personas con discapacidad.
La ley promueve el aprovechamiento de aguas residuales tratadas, reconociéndolas como un recurso complementario que debe incorporarse a la gestión hídrica. El objetivo es disminuir la dependencia de fuentes naturales y mejorar la eficiencia del sistema.
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