La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República, el cual calificó como inconstitucional y parte de una persecución política.
En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como parte de una carpeta de investigación federal.
El citatorio fue entregado de manera directa a la mandataria estatal, quien deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.
La gobernadora calificó la acción como una violación a la Constitución y a la soberanía del estado, al señalar que los mandatarios estatales cuentan con protección legal que les impide ser llamados a procedimientos de naturaleza penal durante el ejercicio de su cargo.
“Se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional”, afirmó Campos, quien además acusó un “doble rasero” por parte de Morena.
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La mandataria contrastó su caso con el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como con legisladores y funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.
“Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, expresó.
Maru Campos calificó el citatorio de la Fiscalía General de la República como una violación a la Constitución y a la soberanía de Chihuahua. Foto: X (@MaruCampos_G)
Tras recibir el requerimiento, Campos informó que su equipo jurídico ya analiza las acciones legales a seguir.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, indicó la gobernadora, quien estuvo acompañada por integrantes de su gabinete y asesores legales al momento de recibir el citatorio.
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La mandataria defendió el trabajo de su administración en materia de seguridad, asegurando que su gobierno ha actuado de manera firme contra el crimen organizado.
“Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”, sostuvo.
El caso abre un nuevo frente político y legal entre el gobierno estatal y las autoridades federales, en medio de acusaciones cruzadas sobre el uso de las instituciones y el alcance de la ley.
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