El caso está estrechamente ligado a acciones represivas ordenadas por el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer
Aguas Blancas es una localidad serrana del municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, cuya población fue contabilizada en 2125 habitantes durante el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Históricamente, este poblado, al igual que diversas comunidades de la Costa Grande guerrerense, padece condiciones de pobreza, marginación y exclusión social.
En este contexto, la masacre de Aguas Blancas se gestó a partir de estas violencias estructurales y de la posterior movilización comunitaria para exigir soluciones. Sin embargo, la respuesta del Estado fue la represión armada a manos de la policía estatal, un hecho que investigadoras como Evangelina Sánchez Serrano y Claudia Rangel Lozano han calificado de acto "genocida".
El antecedente directo de la masacre se remonta a 1994, cuando diversos pobladores de la región fundaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la cual se sumaron habitantes de Aguas Blancas.
Entre sus principales demandas, el grupo exigía la defensa de los bosques y la presentación con vida de las personas desaparecidas durante la década de 1970, en el marco de la política represiva y contrainsurgente conocida históricamente como la Guerra Sucia en México.
Asimismo, sus reivindicaciones incluían la implementación de programas para el desarrollo agrícola y ganadero, la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la vivienda y la educación, y el retiro de las Fuerzas Armadas de las comunidades guerrerenses, al señalar que su presencia vulneraba los derechos a la vida, la libertad y la seguridad.
Aunque la OCSS no era un movimiento armado, emergió en el mismo periodo en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) salió a la luz pública al iniciar su insurrección el 1 de enero de ese mismo año.
Pese a ello, para dar visibilidad a sus demandas, la OCSS se manifestó en diversas poblaciones de Guerrero, especialmente en la región de la Costa Grande. En dichas movilizaciones denunciaron ser blanco de la represión por parte del Ejército y corporaciones policiales, cuyas acciones, señalaban, respondían a órdenes del entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer.
Mientras la lucha continuaba en los meses siguientes, el 3 de mayo de 1995 el vocero de la OCSS, Gilberto Romero Vázquez, leyó ante el gobernador un pliego petitorio que incluía la exigencia de presentación con vida de 80 personas desaparecidas en la región y el retorno de decenas de desplazados.
No obstante, el mandatario estatal intimidó al vocero, aunque este prosiguió con la lectura. La tensión escaló rápidamente: en las horas posteriores se desplegaron vehículos blindados del Ejército y, en coordinación con policías judiciales, se instalaron retenes en carreteras y localidades de la zona.
Poco después, el 24 de mayo de 1995, Gilberto Romero Vázquez desapareció. Su localización con vida se sumó de inmediato a las demandas exigidas al gobierno estatal, impulsadas a través de protestas que sufrieron constantes actos de hostigamiento, represión y detenciones arbitrarias.
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En la mañana del 28 de junio de 1995, varios integrantes de la OCSS se dirigían hacia la cabecera de Coyuca de Benítez para manifestarse nuevamente, con el fin de exigir la presentación con vida de su vocero y la entrega de apoyos para los caficultores.
Para trasladarse, las y los campesinos viajaban en dos camiones de carga. No obstante, el primer vehículo fue interceptado en un vado de los alrededores de la localidad de Aguas Blancas por elementos policiales y agentes judiciales de Guerrero, quienes los agredieron físicamente y los obligaron a tirarse al suelo.
En cuanto arribó el segundo camión, la agresión escaló ya que, mientras los pasajeros descendían, los uniformados dispararon contra ellos durante aproximadamente 20 minutos. La violencia ejercida dejó un saldo de 17 personas asesinadas y 21 heridas. Asimismo, la relatoría oficial documentó que dos policías resultaron lesionados por arma blanca.
Tras concluir el tiroteo, los agentes obligaron a los sobrevivientes a regresar a sus comunidades de origen. Para encubrir la masacre, colocaron armas junto a las víctimas con el propósito de fabricar la versión de un enfrentamiento armado.
Ante la intensa presión social y mediática generada por los hechos, el entonces presidente Ernesto Zedillo ordenó el nombramiento de un fiscal especial. Pese a ello, al término de las indagatorias el entonces gobernador de Guerrero resultó exonerado.
En abril de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Resolución 3/96, en la que determinó que hubo violaciones graves a las garantías individuales durante los sucesos de Aguas Blancas y concluyó que los principales responsables eran el gobernador Rubén Figueroa, el exsecretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el exprocurador general de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Posteriormente, en febrero de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe 49/97, en el cual solicitó al Estado mexicano implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida y la integridad de los testigos de la masacre.
Pese a estas resoluciones, el caso no quedó plenamente esclarecido y la impunidad persiste, ya que únicamente algunos mandos medios y elementos policiales fueron detenidos.
Un diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que desde enero de 2020 investiga este y otros casos de represión estatal ocurridos entre 1951 y 2016 señala que durante la masacre se vulneraron los siguientes derechos:
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