De acuerdo al CED de la ONU, las desapariciones forzadas no requieren ser ejecutadas desde el Estado para clasificarse como un crimen de lesa humanidad
Poco tiempo después de que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) publicara su informe sobre las desapariciones forzadas en México, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo a la resolución.
Entre las conclusiones tomadas por el organismo que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes, destacó que llevará el caso mexicano ante la Asamblea General.
El objetivo es que se consideren medidas para apoyar a México “en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
El comunicado de la SRE, publicado este jueves 2 de abril, recalca que, aunque el informe refiere principalmente a hechos ocurridos de 2009 a 2017 en cuatro estados, la decisión del CED es “parcial y sesgada”.
La postura del gobierno mexicano, se señaló, nace tras considerar que el organismo de la ONU no está tomando en cuenta “los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”, en relación al reciente informe federa sobre desapariciones en México, en el que las autoridades resaltaron diversas problemáticas sobre este caso.
Entre los datos destacados de dicho informe es que, de 1952 hasta 2026, en el país se han registrado más de 394 mil personas desaparecidas, de las que más de 262 mil han sido localizadas. No obstante, desde 2006 a la fecha persisten más de 130 mil personas desaparecidss o no localizadas.
Ante esto, en la actual respuesta de la SRE se mencionó: “lamentamos que (la ONU) haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
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Por otro lado, el gobierno mexicano resaltó que el propio CED reconoció en los párrafos 117 y 118 de su resolución que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, cosa que, resaltaron, “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
No obstante, calificaron que el CED cayó en una “falta de rigor jurídico” en su argumentación y elaboró con “ligereza” sus premisas, especialmente por su interpretación al Estatuto de Roma, de la cual, señalaron, está “agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes”.
De acuerdo a un informe federal, desde 2006 a la fecha hay más de 130 mil personas desaparecidas en México. Foto: Facebook (Madres Buscadoras De Sonora)
Esto último, destacaron, ya que hay evidencia de que al menos uno de sus realizadores colaboró “para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, destacó la SRE.
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Frente al llamado de la ONU, la administración federal enlistó una serie de medidas y legislaciones que la actual administración de Claudia Sheinbaum ha emprendido para atender el problema, las cuales, puntualizó, se realizaron “en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”.
“Fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley. Herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente”, reclamaron. Estas medidas son:
Parte de las pertenencias encontradas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Foto: Flickr (FGE Jalisco)
“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señalaron.
En tanto, ejemplificaron que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconoció que México mantiene una política de cooperación cotidiana con sistemas internacionales y regionales, que ha sido valorado por varias agencias.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, cerraron su mensaje.
Poco antes, este mismo 2 de abril, el CED anunció que remitirá la situación de México sobre desaparición forzada ante la Asamblea General de la ONU. La decisión se fundamenta en la existencia de indicios que sugieren que en el país se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La conclusión del CED sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad se basa en el análisis de la magnitud de las desapariciones, los patrones de violencia detectados y la afectación directa a la población civil.
Según el Comité, estos elementos cumplen con los criterios del derecho internacional para dicha clasificación. El organismo aclaró que, si bien no halló pruebas de una política deliberada del gobierno federal para desaparecer personas, el derecho internacional no exige que estos crímenes sean orquestados desde las más altas esferas o tengan escala nacional para ser catalogados como tales.
El Comité refutó la postura del gobierno mexicano, el cual argumenta que la mayoría de las desapariciones recientes son obra del crimen organizado y no de agentes del Estado. Basándose en evidencias recabadas y en su visita al país en 2021, el CED concluyó que las desapariciones forzadas en México ocurren por dos vías: mediante la participación directa, autorización o aquiescencia de funcionarios públicos en algunos casos, y a través de actores no estatales organizados.
Respecto a este último punto, el CED sustentó su posición en el derecho internacional, incluyendo la Convención y el Estatuto de Roma, de los cuales México es parte. Estos instrumentos establecen que las desapariciones forzadas cometidas por una "organización" también pueden constituir crímenes de lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil.
Al abordar la magnitud de la crisis, el CED señaló que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas implementado en 2018 muestra la gravedad de la situación con 132,810 casos, aún no clarifica cuántos corresponden específicamente a desapariciones forzadas.
Fichas de desaparecidos pegadas en Sonora. Foto: Facebook (Madres Buscadoras De Sonora)
Además, citó datos sobre el continuo hallazgo de más de 4500 fosas clandestinas, que contienen miles de cadáveres y restos humanos, sumado a la existencia de 72 000 restos humanos no identificados.
Finalmente, el CED advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas tras su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y las autoridades siguen desbordadas. Por ello, activó el Artículo 34 de la Convención para solicitar a la Asamblea General de la ONU que considere medidas de apoyo internacional para México.
Se busca proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva, así como establecer mecanismos eficaces para la verdad y protección a las familias.
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