Expertos de la ONU denunciaron recientes hechos de violencia contra personas buscadoras los cuales ocurrieron en Sinaloa
El Gobierno de México refrendó su compromiso de protección con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, al tiempo que rechazó la existencia de un patrón estatal o recurrente de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda.
La postura oficial responde a un comunicado emitido el miércoles 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales pertenecientes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), quienes hicieron un llamado a las autoridades mexicanas tras una serie de agresiones registradas en Sinaloa contra personas buscadoras.
Las declaraciones del Gobierno de México fueron difundidas el 30 de septiembre a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Gobernación). En el documento, las autoridades reconocieron que persisten diversos desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.
Por ello, aseveraron que en los últimos años se han implementado y fortalecido diversas acciones, además de emprender reformas legales y políticas públicas para combatir este delito.
Asimismo, destacaron la cooperación internacional mantenida con agencias de las Naciones Unidas, como con la ONU-DH y el UNFPA, al igual que con la CIDH, con el fin de robustecer los mecanismos de asistencia técnica y capacitación en la materia.
“La atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, y el Gobierno de México mantiene plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados”, subrayó Gobernación.
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Ante el llamado emitido por los cuatro expertos de la ONU, las autoridades mexicanas remarcaron que “la información disponible no acredita que exista un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”.
“Cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia. Por ello, autoridades del más alto nivel han recorrido el país para dialogar con las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan, y atender sus planteamientos”, añadieron.
El Gobierno de México afirmó que mantiene una cooperación internacional en la materia, incluidas agencias de la ONU. Foto: Facebook (Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses)
Aunado a ello, afirmaron que la búsqueda de personas “es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, al tiempo que destacaron la existencia de un marco jurídico e institucional en México para “prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito”, el cual abarca la protección a personas defensoras de derechos humanos.
Según señalaron, a estos esfuerzos se suma la labor de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, con el objetivo de evitar la impunidad en cualquier agresión y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
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Aunado a ello, Gobernación enlistó 10 acciones que, dentro de esta problemática, han realizado como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas:
El Gobierno de México aseveró que la búsqueda de personas "es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”. Foto: Facebook (Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses)
“Autoridades de todos los niveles respaldan la labor de las familias e integran sus propuestas en las políticas públicas. México reitera su apertura a la cooperación internacional y su disposición a seguir compartiendo información objetiva y verificable que contribuya a una valoración integral de los esfuerzos del país en esta materia”, concluyeron.
El reporte de los cuatro especialistas de la ONU fue elaborado y firmado por Andrea Bolaños Vargas, Morris Tidball-Binz, Grażyna Baranowska y Claudia Flores, quienes advirtieron que las mujeres buscadoras en México afrontan niveles alarmantes de violencia que se traducen en agresiones, desapariciones y asesinatos.
Ante ello, y a manera de evidencia, documentaron una cadena de ataques ocurridos en Sinaloa entre agosto y septiembre de 2026, entre los que destacan la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, una agresión contra la activista Alma Rosa Rojo Medina y su familia, así como el atropello de integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa durante una manifestación pacífica en Mazatlán, grupo que ya había registrado el asesinato y la desaparición de dos de sus miembros en 2025.
En ese sentido, recordaron los casos de dicho colectivo, como el asesinato de Rubí Gómez-Tagle en febrero de este año y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025,s ubrayando que las agresiones dirigidas hacia las mujeres buscadoras presentan componentes específicos de género con el fin de castigarlas por tomar el espacio público y desafiar roles tradicionales.
Según calificaron, estos hechos forman parte de un patrón sistemático de agresiones que constituye un incumplimiento de las obligaciones del Estado para proteger a las personas defensoras.
Así, el organismo internacional citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar que existe un deber reforzado de protección hacia las personas defensoras, catalogando a las mujeres que luchan contra la impunidad en México como uno de los grupos en mayor situación de riesgo.
Por ello, los relatores exigieron al Estado mexicano actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar de forma integral esta espiral de violencia.
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