El sector aguacatero es uno de los que más mueve a México en cuestión de la economía, lo que representa una ganancia interesante, por lo que es muy atractivo para el crimen organizado.
El aguacate mexicano es mucho más que uno de los productos agrícolas más importantes del país: es una industria millonaria que genera empleos, exportaciones y oportunidades para miles de productores. Sin embargo, su enorme valor económico también lo ha convertido en un objetivo para el crimen organizado.
En distintas regiones productoras, el narcotráfico ha buscado infiltrarse en la cadena del aguacate mediante amenazas, extorsiones, cobro de piso y control de actividades clave. Detrás del llamado “oro verde” existe así una disputa por el control de un negocio estratégico, donde la violencia y los intereses económicos se encuentran cada vez más cerca.
Te puede interesar:
Es importante mencionar que este problema tiene especial impacto en Michoacán, la entidad con mayor cultivo de aguacate y donde también impera el crimen organizado como el CJNG. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Navarra, el crimen organizado está cobrando grandes cuotas a los agricultores de esta fruta icónica del país.
Ante esta situación, los agricultores han comenzado a organizarse en grupos de autodefensa, lo que ha impedido que familias productoras se vean obligadas a abandonar sus tierras. La investigación señala que el crimen organizado busca infiltrarse en el negocio del aguacate mediante medidas coercitivas y violentas para dominar el sector.
Una de las principales estrategias son las llamadas “cuotas” o tarifas de protección, que agricultores y transportistas deben pagar bajo coacción. Estos cobros encarecen la producción, perjudican a los productores y pueden provocar que abandonen sus campos.
Otra forma de control es el suministro y transporte. Los cárteles dominan corredores de traslado, cobran cuotas a los conductores e interceptan envíos para mantener el control sobre los precios y la dirección de la cadena de suministro.
Además, buscan influir en los gobiernos municipales mediante sobornos a funcionarios, quienes pueden ignorar las actividades del cártel o emitir permisos que faciliten su control en zonas productoras de aguacate.
Este poder permite a los grupos criminales desplazar comunidades indígenas y aumentar la inseguridad, mientras los funcionarios también enfrentan amenazas. Las familias de los agricultores están en riesgo debido a secuestros, asesinatos y destrucción de propiedades vinculados con estas organizaciones.
Este clima de miedo no solo afecta a la economía local, sino también a la salud y el bienestar de las comunidades, cuyos habitantes se sienten amenazados por la violencia al participar en uno de los sectores agrícolas más rentables del país.
Te puede interesar:
Este problema afecta directamente a las comunidades locales en muchos frentes, ya que la extorsión y las tarifas crean un gran obstáculo para los agricultores para alcanzar el punto de equilibrio, lo que paraliza su negocio agrícola, que para miles es su medio de vida.
Según la investigación de la Universidad de Navarra, esto ha llevado a una reducción significativa de la población de las áreas que dependen directa o indirectamente de los cultivos de aguacate, lo que detiene el desarrollo comunitario y reduce por completo el crecimiento regional.
Desafortunadamente, las medidas del Gobierno de México no han sido suficientes para frenar la entrada de los cárteles al sector aguacatero.
De acuerdo con la misma investigación, las autoridades de seguridad en México han intentado implementar estrategias para establecer zonas o “áreas sin cárteles”; sin embargo, el control que las organizaciones delictivas ejercen sobre las instituciones locales dificulta los esfuerzos del gobierno para combatir su presencia.
Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos buscan garantizar que sus importaciones no estén financiadas por grupos delictivos que operan en coordinación con funcionarios o fuerzas de seguridad en México, con el objetivo de construir cadenas de suministro más seguras.
Sin embargo, identificar con precisión el origen y recorrido de los productos agrícolas no es sencillo, particularmente en el caso de los aguacates.
Te puede interesar:
La demanda internacional de aguacate mexicano ha aumentado significativamente, especialmente en Estados Unidos, que importa alrededor del 80% de la producción mexicana.
Desde que en 1997 EE. UU. autorizó la compra de aguacates mexicanos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde tres años antes, el consumo estadounidense ha crecido constantemente, impulsando la producción en México.
Según un informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, entre 1994 y 2022 la superficie cultivada de aguacate en México aumentó 173%, hasta alcanzar 252.133 hectáreas, mientras que el valor de la producción creció 527%, llegando a 63.450 millones de pesos (3.105 millones de dólares).
Esta rentabilidad ha convertido al aguacate en una industria atractiva para las organizaciones criminales, que en algunos casos la consideran más lucrativa y estable que el narcotráfico.
Infografía sobre el sector aguacatero. Foto: IA | Canva
Los cárteles han recurrido a la manipulación, coerción y extorsión para beneficiarse de esta industria, especialmente en Michoacán, principal estado productor. Según el Panorama Agroalimentario de FIRA, en 2023 Michoacán produjo 2,25 millones de toneladas, equivalentes al 75,8% de la producción nacional, seguido por Jalisco (10,9%), Estado de México (4,5%) y Nayarit (2,6%).
Entre los grupos criminales atraídos por este negocio se encuentran el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, Los Viagras y los Caballeros Templarios.
Para estas organizaciones, el atractivo económico del aguacate lo ha convertido en un negocio lucrativo, estable y, en algunos casos, más rentable que el tráfico de drogas.
Te puede interesar:
