La conclusión de la ONU señala se tratan de ataques sistemáticos en distintos lugares y momentos en contra la población civil
Este jueves 2 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) dio a conocer que llevará el caso de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, pues considera que hay indicios de que en el país se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Luego de conocerse la resolución, el Gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su incomodidad sobre el informe, tachándolo de “tendencioso” y de no considerar “las observaciones, análisis y actualizaciones” de las autoridades mexicanas.
La conclusión del CED fue dada a conocer a través de un comunicado, en el que informaron que tomaron su determinación luego de analizar la magnitud de desapariciones forzadas, así como el patrón y afectación directa de tal violencia hacia la población civil, lo cual, tal como justificaron, cumple criterios del derecho internacional para catalogarlo como crímenes de lesa humanidad.
Aunque el organismo de la ONU afirmó que no encontró pruebas de que el gobierno federal mexicano tenga una política para desaparecer personas de forma deliberada, destacó que no se requiere que este crimen sea ejecutado desde la cúpula de la administración o que no suceda en todo el territorio mexicano para que se le clasifique de esta forma (crimen de lesa humanidad).
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, se lee en el comunicado, a través de palabras de Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
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El CED también replicó a la postura del gobierno mexicano, que ha argumentado que la gran mayoría de las desapariciones en los últimos años son realizadas por el crimen organizado, más no por agentes del Estado.
Ante esto, respondió que en México las desapariciones forzadas ocurren bajo dos vías, lo cual concluyó por evidencias recabadas por varias fuentes y tras la visita de la ONU en 2021 al país:
El CED destacó que para considerarse un crimen de lesa humanidad no es necesario que únicamente el delito sea cometido por el Estado. Foto: Amnistía Internacional España
Esto último, señalaron, con base al artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, en el que se establece que las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una “organización”, cuando estos “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”
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Sobre la magnitud de la crisis de desaparición en México, el CED señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas implementado desde 2018 “aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas”.
A pesar de esto, reconoció que dicho registro “pone de relieve la gravedad de la situación” ante la cantidad de casos registrados que, actualmente, señala 132 810 personas desaparecidas o no localizadas. Pese a esto, el CED citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas, cuyas estimaciones expuso:
Ante esto, el CED advirtió: “a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.
Según registros federales, desde 2006 hay 132 810 personas desaparecidas o no localizadas en México. Foto: Amnistía Internacional España
“Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”, agregaron.
Ante esto, el CED activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con lo que ha decidido solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU.
Dicha medida, señalaron, es con el fin de que “esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
Estas medidas, basadas en la información disponible, serían para “proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada” para “operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva”, tanto para las desapariciones forzadas como para los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
De acuerdo a la CED, en México hay 72 mil restos humanos no identificados. Foto: UN News
Igualmente, se pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.
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