El exagente se encuentra detenido por el caso Colosio desde noviembre de 2025 tras varios intentos de la FGR de detenerlo
Un tribunal federal ordenó liberar al exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien era acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente haber participado en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994 fue asesinado el 23 de marzo de aquel año, hecho por el cual únicamente está preso Mario Aburto Martínez. Con la imputación contra el agente del CISEN, la FGR buscaba reavivar la hipótesis de un segundo tirador.
La decisión fue tomada el pasado viernes 3 de julio por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, cuya resolución señaló que no existían pruebas que vincularan a Sánchez Ortega con el magnicidio.
Asimismo, este tribunal apuntó que el delito por el cual se señalaba al exagente del CISEN había prescrito hace 12 años, motivo por el que revocó la medida cautelar que el 15 de noviembre se le había dictado a Sánchez Ortega, la cual lo mantenía preso.
“Se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional”, fue parte de la resolución del tribunal, la cual fue reproducida por Milenio.
En su fallo, el tribunal estableció el sobreseimiento de la causa en contra del exoficial, lo que implica el cierre definitivo del expediente y la imposibilidad de que la FGR ejerza una nueva acción penal por esta acusación.
Ante este panorama, solo la familia del excandidato presidencial podría solicitar un amparo para que la resolución sea revisada. No obstante, los deudos han expresado en meses recientes su deseo de cerrar el caso, incluyendo la petición de que el hasta ahora único sentenciado por el magnicidio sea liberado.
El magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrió el 23 de marzo de 1994. Foto: Facebook (Alfonso Durazo?)
“Se ordena la inmediata libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, en lo que se refiere única y exclusivamente al ilícito y causa penal de la que deriva el presente asunto, sin perjuicio de que pueda permanecer recluido por encontrarse vinculado a diverso asunto por la comisión de distintos delitos”, escribió el tribunal.
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El caso fue impulsado por el anterior fiscal general, Alejandro Gertz Manero, bajo la hipótesis de que existió un segundo tirador, además de Mario Aburto Martínez.
Por esta razón, en 2023 y 2024 la FGR solicitó su aprehensión, aunque las órdenes de captura fueron negadas por el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Jesús Chávez Hernández, quien rechazó que existieran pruebas que apuntaran a la responsabilidad del exagente.
Un año después, en septiembre de 2025, la FGR solicitó una nueva orden, la cual terminó siendo concedida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, por lo que el 8 de noviembre Sánchez Ortega fue aprehendido en Tijuana, Baja California.
Días después, el mismo juez dictó un auto de formal prisión al exfuncionario del CISEN por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, bajo la hipótesis de coautoría, tras determinar que existían elementos que sustentaban su participación en el crimen.
Por esta razón, desde entonces fue ingresado al penal del Altiplano, el cual se ubica en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
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El 23 de marzo de 1994, fecha en que se perpetró el magnicidio, el ataque contra Colosio Murrieta tuvo lugar en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
En el contexto de aquel crimen, el entonces agente del CISEN fue detenido debido a que su ropa presentaba rastros de sangre; sin embargo, fue liberado horas más tarde al concluirse que no había disparado ningún arma de fuego.
No obstante, entre las nuevas pruebas que sustentaron su reciente captura se tomaron las declaraciones de Leticia Ortiz, una compañera de trabajo de Mario Aburto, quien afirmó que Sánchez Ortega había visitado al magnicida en varias ocasiones semanas antes del atentado.
Otra de las evidencias admitidas por el juzgador fue el hallazgo de rastros de plomo en su chamarra, lo cual presuntamente indicaba que el exoficial sí había detonado un arma de fuego el día de los hechos.
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