Organizaciones civiles advirtieron que Puebla aún no cumple con las condiciones para retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y señalaron que la mayoría de las medidas siguen pendientes.
La intención del gobierno de Puebla de retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que aún no existen las condiciones necesarias para levantar este mecanismo de protección.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) aseguraron que la disminución en la posición del estado dentro de las estadísticas de feminicidio no representa, por sí sola, un indicador suficiente para eliminar la alerta.
Foto: X (@Cimacnoticias)
El pasado 29 de junio, el gobernador Alejandro Armenta informó que su administración analiza retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, al argumentar que Puebla descendió del séptimo al duodécimo lugar nacional en incidencia de feminicidios, de acuerdo con cifras oficiales.
Sin embargo, organizaciones civiles señalaron que un cambio en la posición estadística no demuestra que exista una reducción sostenida de la violencia ni que se hayan cumplido las acciones establecidas por la declaratoria.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría afirmaron que el estado mantiene una deuda con las mujeres, pues de las 45 medidas establecidas cuando se emitió la alerta:
Foto: X (@ZairaGlez6)
Las organizaciones insistieron en que estos resultados reflejan que aún existen importantes rezagos para garantizar la protección de mujeres y niñas.
De acuerdo con el pronunciamiento, la Alerta de Violencia de Género únicamente puede levantarse cuando exista un cumplimiento efectivo de las medidas establecidas y se acrediten resultados verificables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Por ello, advirtieron que basar la decisión únicamente en estadísticas de feminicidio no demuestra que las acciones implementadas hayan generado condiciones reales de seguridad para la población femenina.
Las organizaciones también cuestionaron la falta de actividad del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), encargado de dar seguimiento a la implementación de la alerta.
Foto: X (@OCNF)
Según señalaron, este órgano lleva más de un año sin sesionar, situación que ha impedido emitir nuevos dictámenes y realizar una evaluación integral sobre el avance y cumplimiento de las acciones comprometidas por el gobierno estatal.
Ante este panorama, el OCNF y el IDHIE pidieron que la Alerta de Violencia de Género permanezca vigente hasta que existan evidencias objetivas de que las medidas implementadas han mejorado la seguridad de las mujeres y niñas en Puebla.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer las políticas públicas, garantizar el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y cumplir con las acciones pendientes antes de considerar el retiro de la alerta.
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