El país logró una paridad en el Congreso, pero enfrenta rezagos en gobiernos locales, violencia política y acceso efectivo a decisiones.
México presume de contar con un Congreso federal a 50/50, donde la mitad de los 628 legisladores federales tanto diputados como senadores son mujeres.
Pero la realidad del ejercicio cotidiano del poder se asemeja a una renovada versión del PRI de los años 70 y 80 del siglo pasado donde la paridad de género se diluye: desde casos de “juanitas”, segregación, opacidad, nula preparación profesional para ejercer cargos públicos y clientelismo. Los vicios del viejo régimen, pero con un nuevo rostro.
Bautizada como “Paridad en Todo”, la reforma constitucional de 2019 de Andrés Manuel López Obrador obligó a que todos los cargos en los tres niveles de gobierno y en los todavía existentes organismos autónomos fueran ocupados por mujeres. A 7 años de distancia, las estructuras de poder establecidas antes de la Cuarta Transformación parecen seguir intactas.
Es innegable que el llamado “50/-50” es real y visible en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pero al descender a nivel gubernaturas y alcaldías, donde se gestiona directamente el contacto con la ciudadanía, la visión es distinta.
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De acuerdo con datos del INEGI, la presencia de mujeres en las sindicaturas alcanza 66 por ciento, y en regidurías supera el 53 por ciento, pero las presidencias municipales continúan siendo un bastión masculino: al cierre de 2024, apenas 605 ayuntamientos de los 2 mil 462 existentes en el país son gobernados por mujeres.
Es decir, apenas llega a 25 por ciento la representación femenina, lo que implicaría que, en términos reales, 3 de cada 4 alcaldías mexicanas se deciden bajo criterios del liderazgo tradicional del sistema político mexicano del siglo pasado, pues los partidos políticos no tienen criterios claros para elegir a sus representantes populares. El ejemplo más emblemático de lo anterior es la famosa “tómbola” de Morena.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) este fenómeno no fue casual: las pocas mujeres que sí alcanzan a ser postuladas suelen llegar a ayuntamientos con escasos presupuestos, de poca relevancia electoral, o bien, con altos índices de inseguridad.
Paridad en el poder: el poder en disputa para las mujeres en México. Foto: Carlos Rocha.
Se trata de una paridad segregada: se cumple con la cuota en el papel, pero a las mujeres se les niega el acceso a la toma de decisiones.
Por ejemplo, algunos de los municipios más poderosos del país como San Nicolás de los Garza, Guadalajara, Puebla o Monterrey tradicionalmente son gobernados por hombres.
En contraste, los empobrecidos municipios de Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen como titular de sus ayuntamientos a una mujer, pues están dentro de las categorías 4, 5 y 6 de la Ley de Disciplina Financiera, que somete a los ayuntamientos a depender hasta en un 90 por ciento de las aportaciones federales, y apenas cubren la nómina y los servicios básicos, pues su capacidad de obtener ingresos propios es mínima.
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Otros casos destacan por su nivel mediático: Abelina López, de Morena, gobierna Acapulco, uno de los municipios más violentos de México,pero su gobierno ha destacado más por sus malos manejos presupuestales: en sus 2 primeros años de gobierno entregó más de 400 millones de pesos de forma irregular. Además, utilizó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de 900 millones de pesos, como la “caja chica” de su presidencia.
Más al norte, en Tijuana, el caso de Montserrat Caballero Ramírez ocupó espacios en la prensa internacional no por ser la primera alcaldesa de esta ciudad fronteriza, sino por haberse mudado a vivir a un cuartel militar debido a las amenazas que recibió por parte del crimen organizado. En octubre pasado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, admitió que la ahora exalcaldesa Caballero Ramírez está siendo investigada por la fiscalía debido a sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En otros estados violentos como Colima y Michoacán, las alcaldesas han denunciado violencia política de género, como recientemente lo hizo Grecia Quiróz, alcaldesa de Uruapan tras el asesinato del edil Carlos Manzo, quien fue atacada públicamente por el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, lo que fue sancionado por el Instituto Electoral de Michoacán por las expresiones misóginas y representativas de violencia política en razón de género que le propinó Noroña.
Paridad en el poder: el poder en disputa para las mujeres en México. Foto: Carlos Rocha.
Datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género indican que, hasta octubre de 2025, había 474 personas inscritas como violentadores, de los cuales 382 son hombres, de los cuales 28 son reincidentes; uno de ellos ha reincidido en 10 ocasiones.
Del total de casos, 149 han ocurrido en Oaxaca; 55 en Veracruz y 42 en Chiapas.
En cuanto a competitividad, los partidos políticos continúan enviando a sus afiliadas a contender por alcaldías donde tienen menores probabilidades de ganar, o bien, donde su peso electoral apenas es significante.
En la Ciudad de México, por ejemplo, Luis Mendoza y Mauricio Tabe gobiernan las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, bastiones históricos del Partido Acción Nacional. Estas demarcaciones son importantes centros financieros y comerciales de la capital del país. En cambio, Gabriela Osorio (Morena); Aleida Alavez (Morena); Berenice Hernández (Morena), o Alessandra Rojo (PAN) padecen severos problemas presupuestales, sobrepoblación e inseguridad, entre otros.
Paridad en el poder: el poder en disputa para las mujeres en México. Foto: Carlos Rocha.
México tiene 13 gobernadoras, lo que es un avance considerable en cuanto a paridad de géneros se refiere. Sin embargo, algunos casos apuntan más hacia una simulación que hacia una paridad real.
El 21 de mayo de 2021, Félix Salgado Macedonio cedió la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado, tras la ratificación de la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirarle esa postulación por no reportar gastos de precampaña.
Morena realizó una candidatura “express”, donde coincidentemente la ganadora fue la hija de Salgado Macedonio, quien actualmente es senador de la República.
Este es el caso más emblemático donde una figura política femenina sirve como un puente legal para que el poder masculino siga operando, pero el sistema político mexicano actual trata de legitimar este puente: en San Luis Potosí, el Congreso local aprobó la llamada “Ley Gobernadora”, mediante la cual el actual gobernador Ricardo Gallardo, pretende legalizar que su esposa, la senadora del Partido Verde Ruth González Silva, pueda acceder a la candidatura de ese instituto y, eventualmente, ser mandataria de esa entidad.
De acuerdo con México Evalúa, en Oaxaca y Chiapas se reportan decenas de casos donde las regidoras y síndicas son obligadas a renunciar bajo la presión de sus dirigentes partidistas, a fin de que el Congreso nombre a un Concejo, que es dominado por hombres, recordando el emblemático caso de 2009, cuando 8 diputadas federales -las “juanitas” fueron obligadas por sus partidos a solicitar licencia para que asumieran el cargo varones, obligando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a obligar que las suplencias fueran del mismo género.
Los informes recientes del IMCO y de México Evalúa respecto a la Reforma Electoral indican que aún quedan pendientes para las mujeres que incursionan en la política. Por ejemplo, a pesar de la paridad legislativa, la brecha de ingresos por género tiene una diferencia promedio de 13 por ciento a nivel nacional, incrementándose hasta 23 por ciento en entidades como Guerrero.
En ese sentido, la propuesta de Reforma Electoral y el consiguiente Plan B no plantean la alternancia de género como obligatoria; es decir, en la propuesta de ley no se obliga a los partidos a postular a una mujer en el siguiente ciclo electoral si el gobernador actual es hombre, por lo que no se garantiza la paridad gubernamental a largo plazo.
Tampoco se plantea el fortalecimiento de la propuesta "8 de 8" del INE, que evitaría que algún agresor, deudor alimentario o acosador pueda acceder a una candidatura. En las elecciones de 2024 este filtro mostró deficiencias significativas por la falta de coordinación entre las fiscalías estatales y federal y el INE.
La paridad de género se sigue utilizando como un gran logro, mismo que es exaltado y explotado políticamente en redes sociales, pero en la práctica, las instituciones políticas y electorales favorecen a los perfiles femeninos que son leales a las ideologías partidistas.
Las prácticas del pasado, que en el discurso se asegura quedaron atrás, parecen seguir vigentes. Mientras la paridad de género está plasmada en papel, en el ejercicio político real sigue siendo una aspiración.
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