Los documentos han sido señalados por madres y padres como esenciales para alcanzar la verdad en el caso de desaparición de los 43 normalistas
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó, este miércoles 4 de marzo, sobre la resolución de un juzgado federal con la que se ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entregar el resto de documentos que faltan sobre el caso Ayotzinapa.
El fallo judicial nace de una de las solicitudes que, en los últimos años, ha demandado con mayor fuerza el movimiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues consideran que estos folios y registros son claves para la investigación, a fin de que puedan obtener justicia a más de 11 años de lo ocurrido.
Según se mencionó, el pasado 19 de febrero el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023, con el que ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
La sentencia señala que hay cerca de 853 folios del CFRI que no han sido entregados, los cuales deberá facilitarse su acceso para que se garantice la verdad en el caso.
En ese sentido, la resolución sostiene que, aunque exista la interrupción en la entrega de los documentos, esto no demuestra que no existan, sino “constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”.
Asimismo, el fallo reconoce el derecho a la verdad de las familias y la obligación de la Defensa de entregar toda la información relacionada. La resolución establece que dichos documentos no pueden clasificarse como confidenciales o secretos, debido al interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en general por esclarecer el caso Ayotzinapa.
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El dictamen judicial nació de una demanda que se presentó en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, en la que se reclamaba que las autoridades militares estaban omitiendo entregar todos los reportes de inteligencia que fueron producidos en 2014, año en el que ocurrió la desaparición.
Esta acción por parte de la Defensa, según se argumentó, incumplía el Decreto Presidencial de 2018, que obligaba a dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Los familiares responsabilizaron de ocultamiento de documentos a la Defensa y, especialmente, a su estructura de inteligencia, ya que esta serie de folios militares habían sido revelados en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el comité de juristas y médicos que investigaron el caso, en paralelo a las autoridades.
Dicho grupo nació tras un acuerdo firmado en octubre de 2014, entre el Gobierno de México, familiares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En los informes en cuestión del GIEI, se señaló que el grupo tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relacionadas al seguimiento dirigido a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
No obstante, los folios que fueron entregados estuvieron incompletos, cuestión que puso en relieve el ocultamiento arbitrario de documentación por parte de la Defensa, a pesar de que el contenido de los folios puede ser relevante, tanto para entender el contexto criminal de Iguala y esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió el secuestro masivo de los estudiantes y su posterior desaparición.
Según se señaló, las familias decidieron acudir ante instancias de judiciales ante la “parálisis” de Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que “dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de la investigación”.
“Por su parte, la indagatoria quedó supeditada a los tiempos políticos y se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses”, escribió el Centro Prodh, de acuerdo a una observación del CIDH, quien dijo que el caso dejó de avanzar y se ralentizó por la falta de entrega de información de la Defensa.
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En uno de los puntos más recientes del caso, el martes 3 de marzo se reportó la detención de Mauro Antonio “N”, quien era secretario de Tránsito de Iguala y se le vincula al caso Ayotzinapa.
Su arresto se derivó de una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y su vinculación con la desaparición de los 43 normalistas. En ese sentido, investigaciones señalan que utilizó un equipo telefónico perteneciente a uno de los desaparecidos.
La detención fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Defensa.
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