Una práctica ilegal que la gente denuncia es cuando un policía quiere quitar el celular en una revisión; es importante saber qué hacer cuando esto pase en México.
En México, las autoridades pueden realizar determinadas inspecciones bajo circunstancias específicas, pero el acceso a la información privada almacenada en un teléfono está sujeto a protecciones constitucionales.
Por ello, antes de entregar el dispositivo o permitir que sea revisado, conviene saber en qué casos un agente puede asegurarlo, cuándo puede inspeccionarlo y qué hacer si consideras que se está vulnerando tu privacidad.
De acuerdo con una publicación en la red social de TikTok un policía de apellido Reyes Dávila publicó un vídeo explicando qué hacer si un policía o un militar revisa el contenido de un teléfono celular a la fuerza.
El policía aclara que la regla es clara y contundente: en México, los policías y militares no tienen la facultad de revisar el contenido de los teléfonos celulares de los ciudadanos ni obligar a desbloquearlo. Verificar el nombre del policía o militar y la dependencia a la cual pertenecen.
En caso de que esto pase, se está cometiendo un abuso grave a los derechos humanos, ya que este acto es ilegal.
La información emitida por el uniformado describe que el contenido que los ciudadanos tengan en su teléfono celular está protegido por la Constitución mexicana bajo el concepto de inviolabilidad de comunicaciones privadas y los contenidos pueden ser:
Ante una situación de este tipo, se recomienda mantener la calma, evitar una confrontación y preguntar al agente cuál es el motivo de la revisión. También es conveniente identificar el nombre del policía, la corporación o dependencia a la que pertenece y, si las circunstancias lo permiten, documentar lo ocurrido.
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Las acciones que se deben llevar a cabo de ser víctimas de una revisión sin supervisión son mantener la calma, ser respetuoso y hacerle saber a la autoridad que no se está dando el consentimiento a que se revise el celular; nada obliga a los ciudadanos a dar su contraseña, ni a desbloquearlo de manera facial, documentar lo que se pueda y, si es posible, que un acompañante pueda grabar el hecho.
El artículo de la Constitución que lo respalda es el artículo 16, que describe en su párrafo 12 que, para que alguien pueda acceder a un teléfono celular de forma legal, se requiere la orden de un juez, en la cual autorice legalmente la intervención del dispositivo móvil, para intervención de comunicaciones o análisis del aparato.
Cuando una autoridad obtiene información privada de un teléfono sin cumplir con los requisitos legales, los datos obtenidos pueden ser considerados prueba ilícita y no necesariamente pueden utilizarse en contra de la persona dentro de un proceso penal.
La SCJN ha sostenido que la información extraída de un teléfono sin autorización judicial, cuando ésta sea necesaria, puede carecer de valor probatorio.
Sin embargo, esto no significa que cualquier aseguramiento físico del celular sea automáticamente ilegal. En una investigación, la autoridad puede asegurar un dispositivo bajo determinadas circunstancias; lo que está sujeto a una protección reforzada es el acceso a la información privada que contiene.
La SCJN ha señalado que, en esos casos, la autoridad investigadora debe solicitar la autorización judicial correspondiente para intervenir las comunicaciones privadas.
Si una persona considera que un policía o militar vulneró sus derechos, puede documentar lo ocurrido y presentar una denuncia o queja ante el Ministerio Público o a la dependencia que pertenezca la autoridad.
Ante una situación de este tipo, lo recomendable es no resistirse físicamente ni poner en riesgo la integridad personal, sino dejar constancia de la negativa a autorizar el acceso al contenido del dispositivo y buscar posteriormente asesoría jurídica para determinar qué acciones legales proceden.
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