Los ataques a las comunidades indígenas se han documentado desde hace más de una década, quienes sufren la disputa territorial de Los Ardillos y Los Tlacos
En los últimos días, el municipio de Chilapa, Guerrero, ha captado la atención mediática tras la denuncia de comunidades indígenas, las cuales han señalado una intensificación en los ataques de grupos del crimen organizado. Esta violencia ha provocado el desplazamiento forzado de cientos personas en la zona.
A causa de esta tensión en la región, el martes 12 de mayo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al lugar junto con personal de la institución para atender de manera directa la emergencia.
No obstante, resulta necesario indagar qué originó este clima y por qué una comunidad indígena ha quedado bajo el asedio de dos organizaciones criminales (“Los Tlacos” y “Los Ardillos”) que, desde hace años, se disputan el control territorial de la zona.
La disputa territorial entre ambos grupos se ha documentado desde al menos desde 2015, de acuerdo a lo que señalan grupos como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta.
Estos mismos señalan que en estos 11 años, han registrado al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones de habitantes las comunidades de Chilapa.
Tales grupos señalaron que, durante todos esos años, “el Estado mexicano ha mostrado una actitud de completa indiferencia frente a la desesperación de los pueblos indígenas”.
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En una entrevista ofrecida en febrero de 2024 para La Jornada, el padre José Filiberto Velázquez, quien sobrevivió en 2023 a un atentado atribuido a “Los Ardillos” y es también director del Centro Minerva Bello, recalcó que la pugna entre ambos grupos va más allá del narcotráfico.
“La disputa no solo es por el control de territorios, sino que abarca las minas, el transporte, los mercados, los refrescos, la cerveza y los granos”, explicó en aquel momento.
Además de lo lucrativo que ya implican tal infraestructura, el padre agregó que estos grupos suelen presentarse como empresarios de la construcción y comercios, a fin de apropiarse el presupuesto municipal, a través de imponer sus empresas y concesiones. “Entre más municipios tengan, más recursos llegan”, expresó.
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Además de lo lucrativo que ya implican tales industrias, uno de los bienes que más son disputados en el combate entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos” es el Ramo 33, el cual es un fondo federal de aportaciones para entidades federativas, que es destinado a municipios para la realización de obras y servicios.
Al respecto, Milenio informó, a través de una fuente militar anónima, que las y los presidentes municipales son citados por los grupos criminales justo al comienzo de su administración y les ofrecen un plan para tales recursos federales.
Esa misma fuente les señaló que si la o el alcalde se compromete a entregarles el presupuesto, sobrevivirá. En caso de que ocurra lo contrario, es sumamente probable que termine muerta esa persona.
Como muestra de dicha situación, está el caso de Norma Otilia Hernández, quien fue alcaldesa de Chilpancingo entre 2021 y 2024. Milenio señaló que ella habría pactado con “Los Ardillos” otorgar el rastro municipal, comprando materiales a empresas que eran controladas por dicha organización, a un precio de 95 millones de pesos que serían tomados del Ramo 33.
En agosto de 2023, Hernández quedó grabada mientras sostuvo una reunión en un restaurante con Celso Ortega Jiménez, líder de “Los Ardillos”. En el metraje se le escucha decir a ella: “dime, ¿cómo puedo ayudar?, no me interesa a qué te dedicas”. Tras difundirse las imágenes, Hernández fue expulsada de Morena.
Igualmente, Milenio documentó que “Los Tlacos” se hicieron con la administración del relleno sanitario intermunicipal de Matlalapa, el cual atiende a Chilpancingo, Tixtla y Zumpango, el cual también fue construido con sobreprecios a partir del Ramo 33.
Expertos como Falko Ernst, quien en 2020 señaló para InSight Crime esta tendencia, sostienen que los grupos del crimen organizado en Guerrero, especialmente “Los Ardillos”, están diversificando sus ingresos ilícitos hacia la minería, tras la caída en el tráfico de heroína.
En la región de la Montaña existen diversos minerales de alta demanda, como oro, plata, cobre, plomo y zinc. No obstante, como precisó el padre José Filiberto Velázquez en una entrevista para La Jornada en 2024, el interés de estos grupos no radica en la exploración directa de los yacimientos, pues carecen de la tecnología y los conocimientos necesarios.
Más bien, su control se enfoca en las industrias y actividades que se generan alrededor de la actividad minera. Esto incluye, por ejemplo, la extorsión a las empresas a las que se les concesionan las minas, el cobro de cuotas a ejidatarios y trabajadores, así como el control monopólico de los servicios de transporte y acarreo de material.
La actual crisis de asedios de “Los Ardillos” a comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) comenzó la semana pasada.
El pasado 2 de mayo, fueron asesinadas dos personas de la comunidad de Alcozacán. A esto siguieron, el miércoles 6 de mayo, ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde fueron asesinadas cuatro personas originarias de la comunidad de Tula y después, el 8 de mayo, una mujer fue herida de bala en la comunidad de Xicotlán.
Sin embargo, la mañana de 9 de mayo un grupo irrumpió con drones artillados que sobrevolaron la comunidad de Tula. Los agresores, que iban fuertemente armados, dispararon indiscriminadamente y mantuvieron sus ataques durante horas.
Ante esta violencia, cientos de familias huyeron de sus comunidades. Según se documenta, esto ha implicado el desplazamiento de 1300 personas desde el 6 de mayo.
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