En un nuevo informe, las autoridades señalaron la identificación de 17 nuevas personas que no habían sido investigadas dentro del caso
El nombre de José Ulises Bernabé García volvió a ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como un actor clave en las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que recientemente cumplió 12 años sin resolverse.
El exfuncionario se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades mexicanas desde hace años, ya que durante los hechos registrados en septiembre de 2014 se desempeñaba como juez de barandilla en la Policía Municipal de Iguala, Guerrero.
De acuerdo con los informes de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, José Ulises Bernabé García se desempeñaba como asesor jurídico de barandilla durante los hechos; sin embargo, en esa fecha suplía al titular del área.
Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, momento en el que se consumó la desaparición de los normalistas, estuvo a cargo de la guardia. En su declaración rendida ante las autoridades, afirmó que esa noche en la comandancia solo se había detenido a personas por faltas administrativas.
Sin embargo, testimonios de elementos policiales contradijeron su versión, al señalar que el entonces juez estuvo a cargo de ingresar a las celdas a un grupo de jóvenes identificados como estudiantes.
Tras el estallido del caso, se tiene conocimiento de que en abril de 2015 ingresó de manera indocumentada a Estados Unidos. Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició un proceso para su deportación.
Pese a ello, Bernabé García argumentó ante las autoridades estadounidenses que temía por su vida en caso de ser repatriado a México, por lo que tramitó una solicitud de asilo político que le fue concedida.
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El lunes 28 de septiembre, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron avances sobre el caso Ayotzinapa.
La exposición estuvo a cargo de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la CoVAJ, junto con el fiscal Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Entre la información presentada, las autoridades destacaron la importancia de reiterar a Estados Unidos la solicitud de extradición del exjuez Bernabé García. Al respecto, se enfatizó que existen siete testimonios que afirman que un grupo de estudiantes fue trasladado a las oficinas de la barandilla de Iguala, Guerrero, la noche de los hechos, cuando este se desempeñaba como juez en dicho lugar.
Dentro de esta insitencia a su extradición está la dirigida al Gobierno de Israel hacia el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien es señalado por delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
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En el último informe de las autoridades federales sobre nuevos avances del caso Ayotzinapa, se señaló que, tras un nuevo análisis de más de 80 000 llamadas telefónicas de 2014 y 2015 (con énfasis en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre), se identificó a 17 personas no investigadas previamente y se reconstruyeron sus vínculos.
Las autoridades presentaron un nuevo informe que analizó más de 80 mil llamadas telefónicas. Foto: Facebook (Padres Y Madres De Ayotzinapa)
Tales llamadas revelaron comunicaciones entre funcionarios, policías, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y particulares.
Asimismo, se confirmaron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y los dueños de la funeraria El Ángel, la cual administraba la concesión del Semefo en Iguala. En ese sentido, se apuntó que Rodolfo "N", dueño de la funeraria, utilizó el celular del normalista asesinado Julio César Mondragón Fontes.
Por estas irregularidades y la hipótesis de incineración clandestina para desaparecer evidencia, Rodolfo “N”, padre e hijo, se encuentran detenidos y enfrentan procesos penales.
Además, en inspecciones realizadas entre marzo y junio de 2026 en la funeraria, se recuperaron 23 indicios, entre los que destacan un horno crematorio clandestino, cientos de fragmentos óseos, restos biológicos, casquillos y documentos oficiales con sellos en blanco.
En este sitido fueron hallados restos humanos que corresponden genéticamente con un fragmento localizado previamente en otro punto de Guerrero y además de los restos de una persona reportada como desaparecida en Taxco en 2021.
Entre el análisis se señaló que el dueño de una funeraria empleó el teléfono de uno de los normalistas desaparecidos. Foto: Facebook (Padres Y Madres De Ayotzinapa)
Con base en siete declaraciones y en el rastreo de llamadas, se reforzó la hipótesis de que al menos 17 normalistas fueron trasladados a las celdas de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, la noche de los hechos.
Asimismo, se detectó que la esposa de un exfuncionario utilizó el teléfono de uno de los normalistas tras la desaparición, y que un policía ministerial tuvo en su posesión el celular de otro de los jóvenes.
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