De sufrir la impunidad por dos homicidios a enfrentar 12 años de cárcel por sabotaje: el caso de Raúl Meza alarma por criminalizar la protesta
Lo que inició como una exigencia ciudadana de justicia concluyó en un complejo litigio penal contra la libertad de expresión en Michoacán.
Raúl Meza Abonce, un joven de 27 años, pasó de marchar por el luto personal y colectivo a enfrentar una solicitud de 12 años de prisión y un cobro millonario por parte del Gobierno del Estado.
Su caso, enmarcado en la causa penal 683/2025, ha puesto bajo el reflector las tácticas judiciales para encarcelar la protesta social.
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El involucramiento de Raúl Meza en las calles no surgió de la militancia política tradicional, sino del dolor acumulado ante la inacción de las autoridades.
En 2022, su hermano mayor fue asesinado en Michoacán, un crimen que permanece en total impunidad. Tiempo después, su pareja fue víctima de feminicidio, caso que tampoco registró avances significativos.
La gota que derramó el vaso ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cuando fue asesinado Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Este hecho detonó una indignación generalizada en la entidad.
Al día siguiente, 2 de noviembre, Raúl y su madre, Carolina Abonce, decidieron sumarse a una manifestación masiva que concentró a unas 600 personas frente al Palacio de Gobierno en Morelia. Raúl acudió sin armas ni artefactos, impulsado únicamente por el reclamo de seguridad e impunidad que aqueja a las familias michoacanas.
Durante la irrupción de manifestantes al recinto gubernamental, Raúl fue acorralado y detenido por la policía estatal dentro del inmueble.
Grabaciones en video difundidas ampliamente en redes sociales captaron el momento en que agentes policiales lo sometieron a golpes, propinándole patadas y asfixia en el cuello mientras se encontraba hincado y con las manos en alto.
Tras su captura, sufrió agresiones físicas adicionales, incluyendo pisotones y tortura con líquidos en las fosas nasales (tehuacanazo), además de ser obligado a desbloquear su teléfono celular para borrar los videos que había grabado.
Por estos hechos, su equipo de defensa —encabezado por los abogados Carlos Escobedo y Aída Hernández— interpuso una denuncia formal por tortura y uso excesivo de la fuerza ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
Raúl fue trasladado al Centro de Readaptación Social "David Franco Rodríguez" (Mil Cumbres), donde permaneció recluido casi dos meses. Paradójicamente, en el mismo penal se encontraba detenido el presunto homicida de su hermano.
El 27 de diciembre de 2025, un juez le otorgó el cambio de medida cautelar para llevar el juicio en libertad. No obstante, al salir perdió su empleo y quedó sujeto a severas restricciones, entre ellas la prohibición de acudir a manifestaciones públicas y límites a su libertad de expresión.
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La controversia legal radica en la severidad y la tipificación que le ha dado la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, constituida como parte coadyuvante.
El Estado imputa a Raúl el delito de sabotaje y daños a la propiedad pública, solicitando:
Para sostener este castigo, la Fiscalía aplica la tesis de la "responsabilidad colectiva", argumentando que existió un "plan común" y "división de funciones" entre las 600 personas que protestaron, por lo que adjudican a Raúl la totalidad de los destrozos materiales.
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