FONMAR advierte que la vigilancia pesquera en Baja California Sur es insuficiente y plantea reforzar las facultades estatales.
La vigilancia pesquera en Baja California Sur enfrenta una limitada capacidad operativa: únicamente nueve inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) tienen a su cargo la supervisión de aproximadamente 2,200 kilómetros de litoral, reconoció Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR).
El funcionario estatal consideró que la cantidad de personal resulta insuficiente frente a la extensión de las costas sudcalifornianas y los problemas relacionados con la pesca ilegal, por lo que planteó la necesidad de realizar una reforma profunda al modelo de inspección y vigilancia pesquera.
“Tenemos nueve inspectores en CONAPESCA para 2,200 kilómetros de litoral; francamente es muy poco”, reconoció.
Una de las propuestas es establecer un convenio que permita contar con inspectores estatales y ampliar así la presencia de autoridades en las costas.Foto:Fonmar
Inzunza Tamayo explicó que uno de los principales obstáculos es que las facultades para realizar inspecciones y aplicar procedimientos corresponden a autoridades federales, mientras FONMAR únicamente puede colaborar en operativos cuando CONAPESCA solicita apoyo.
Ante esta situación, señaló que una de las propuestas es establecer un convenio que permita contar con inspectores estatales y ampliar así la presencia de autoridades en las costas.
“También hemos propuesto que podamos hacer un convenio con la CONAPESCA para tener inspectores estatales”, explicó.
El planteamiento forma parte de las propuestas surgidas de los foros de pesca realizados en la entidad, donde también se ha solicitado modificar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para ampliar las atribuciones de inspección y vigilancia de los estados.
El director de FONMAR sostuvo que Baja California Sur también requeriría en el futuro una policía estatal especializada en vigilancia costera, aunque reconoció que el proyecto ya no podría concretarse durante la actual administración estatal.
El objetivo sería reforzar la vigilancia no solamente en altamar, sino también cuando los productos pesqueros llegan a tierra y son trasladados para su comercialización.
“Todo lo que se saque en el mar, sea legal o ilegal, tiene que llegar a la costa y tiene que trasladarse para la venta”, argumentó.
De acuerdo con Inzunza, la pesca furtiva no es un problema exclusivo de Baja California Sur. Señaló que incluso organismos internacionales como la FAO han advertido que México mantiene un déficit en materia de vigilancia pesquera.
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Pescadores con pocos recursos son enviados a extraer producto utilizando embarcaciones y vehículos de bajo costo.
FONMAR ha identificado un patrón en algunos casos de pesca ilegal: pescadores con pocos recursos son enviados a extraer producto utilizando embarcaciones y vehículos de bajo costo.
Inzunza explicó que, cuando son detectados, pueden perder los equipos utilizados; sin embargo, esto no necesariamente detiene la actividad.
“Al día siguiente vuelven otra vez a pescar”, señaló.
Por esta razón, consideró necesario revisar los procedimientos actuales y planteó que, en determinados casos, se abran carpetas de investigación en lugar de limitar las actuaciones a procedimientos administrativos, con el objetivo de investigar también a quienes pudieran estar detrás de la extracción y comercialización ilegal.
FONMAR, agregó, entrega mensualmente a CONAPESCA información sobre las irregularidades que detecta durante sus recorridos.
Ante las limitaciones de personal, el Gobierno de Baja California Sur ha recurrido a tecnología y a la coordinación con cooperativas pesqueras para ampliar la vigilancia.
FONMAR informó que se han instalado radares de última generación en Punta Abreojos, Bahía Asunción y Las Barrancas, además de contemplarse un cuarto equipo para la zona sur de la entidad.
Estos sistemas permiten realizar barridos permanentes, detectar embarcacionesy reducir la necesidad de mantener recorridos constantes por mar, que representan un elevado gasto de combustible.
Las cooperativas también participan mediante embarcaciones de vigilancia y, cuando detectan una situación de riesgo o personas armadas, el protocolo utilizado es solicitar la intervención de la Secretaría de Marina.
Inzunza sostuvo que la vigilancia ha mejorado y que los episodios de amenazas armadas contra pescadores han disminuido; sin embargo, insistió en que la extensión del litoral frente al reducido número de inspectores obliga a replantear la estrategia nacional de vigilancia pesquera.
