Un documento ciudadano plantea que Marina del Pilar se separe temporalmente del cargo, mientras que la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, respalda la medida como acción preventiva.
Un posicionamiento firmado por representantes ciudadanos de distintos sistemas anticorrupción del país abrió un nuevo frente de discusión en Baja California, al solicitar que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se separe temporalmente de su cargo.
La petición se da en el contexto de una investigación federal en curso contra su exesposo, Carlos Torres, por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.
El planteamiento fue difundido públicamente a través de redes sociales y se presenta como una medida preventiva, sin atribuir responsabilidades ni adelantar conclusiones sobre la mandataria estatal.
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El documento fue emitido por la Red Nacional de los Comités de Participación Ciudadana de los sistemas anticorrupción y señala que la solicitud de licencia no implica una condena ni una imputación directa contra la gobernadora.
De acuerdo con el texto, la separación temporal del cargo busca proteger el interés público y evitar posibles afectaciones a la credibilidad institucional mientras se desarrolla la investigación federal.
En el pronunciamiento se argumenta que, ante una indagatoria abierta que involucra a una persona con vínculo directo con la titular del Ejecutivo estatal, resulta necesario adoptar medidas prudenciales que reduzcan tensiones políticas y percepciones de conflicto de interés.
El posicionamiento fue respaldado por integrantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, además de al menos siete organizaciones civiles y activistas enfocados en temas de transparencia y combate a la corrupción.
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De manera paralela al documento, Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, se sumó públicamente al llamado para que Marina del Pilar Ávila Olmeda solicite licencia y se separe de forma temporal del cargo.
Su pronunciamiento se dio en el mismo marco: la investigación que la Fiscalía General de la República mantiene abierta contra Carlos Torres.
Pérez Morales subrayó que la petición no prejuzga ni adelanta responsabilidades y que se fundamenta en criterios de integridad pública, gobernabilidad y confianza institucional. Señaló que la medida permitiría que las autoridades competentes realicen su trabajo sin presiones ni señalamientos sobre posibles interferencias.
Tanto en el documento como en los pronunciamientos públicos se exhortó a la Fiscalía General de la República y a las instancias ministeriales a conducir la investigación con imparcialidad, rigor jurídico y transparencia, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
Hasta el momento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una respuesta pública directa al llamado. En tanto, la FGR no ha informado sobre el avance ni el alcance de las investigaciones relacionadas con Carlos Torres.
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