La reforma de pensiones ha generado inconformidad entre jubilados de Pemex, quienes rechazan cambios que afectan sus derechos adquiridos.
La propuesta de reforma al sistema de pensiones ha generado inconformidad entre jubilados y trabajadores retirados de la empresa productiva Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes han expresado su rechazo ante posibles modificaciones que, aseguran, podrían afectar los derechos adquiridos tras años de servicio.
Ante este panorama, ex trabajadores de Pemex han advertido que continuarán organizándose para exigir claridad en la propuesta y evitar que se vulneren los beneficios que consideran parte de sus derechos laborales.
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A raíz de la propuesta, que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, asociaciones de jubilados de confianza de Petróleos Mexicanos han manifestado su inconformidad ante los cambios contemplados.
Ante esto, jubilados de Pemex han recalcado que las transformaciones se deben hacer para expandir los derechos en lugar de mermarlos, ya que alterar los esquemas de retiro violaría el principio de no retroactividad de la ley.
En diferentes espacios y pronunciamientos públicos, los inconformes han manifestado su preocupación por el impacto que tendría la reforma en sus ingresos y condiciones de retiro para garantizar la seguridad económica de quienes ya concluyeron su etapa laboral.
Esta inconformidad se ha registrado después de que la Cámara de Diputados y Senadores haya aprobado la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 de la Constitución, donde se fijan las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas.
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Con estas reformas se prevé que las pensiones ya otorgadas y no excluidas se ajusten al nuevo tope, así como la oposición por su posible efecto retroactivo.
Esto luego de que se haya fijado que las jubilaciones del personal de confianza en entidad pública no deberán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del ejecutivo federal.
Hasta el momento se ha mencionado que la propuesta continúa en proceso de aprobación en las legislaturas estatales del resto del país, ya que, al ser un cambio constitucional, se requiere el aval de por lo menos la mitad de más de uno de los congresos estatales para entrar en vigor.
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