El funcionario admitió que hubo omisiones institucionales al momento de comunicar la presunta participación de los agentes de EU en un operativo en Chihuahua
El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció a su cargo mientras continúan las investigaciones sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara.
El caso quedó al descubierto tras la muerte de dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos elementos estadounidenses en un accidente vial, suscitado apenas unas horas después de la redada.
La situación ha provocado una confrontación entre el Gobierno Federal y el estatal. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha remarcado que las autoridades de Chihuahua habrían violado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, ya que la intervención en campo de agentes extranjeros es regulada desde la federación; un protocolo que, según han acusado, nunca fue notificado.
La renuncia fue dada a conocer la noche del lunes 27 de abril a través de un videomensaje de Jáuregui Moreno, difundido en las redes sociales de la Fiscalía de Chihuahua. En su explicación, precisó que su dimisión “irrevocable” como fiscal general del estado había sido enviada momentos antes a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván.
Al describir sus motivos, explicó que su labor exige el “estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional”, fundamentos que, afirmó, fueron el equilibrio en el que basó las decisiones de su gestión.
Sin embargo, reconoció que, con respecto al caso de los funcionaros extranjeros que presuntamente actuaron en campo, la información inicial con la que se contaba era “inconsistente y ameritaba una investigación” para conocer puntualmente cuál había sido su participación.
Por ende, admitió que tras una investigación detectaron “omisiones” de información y en la gestión institucional sobre las circunstancias en las que los agentes extranjeros se encontraron con los elementos mexicanos.
Aceptó que dichos errores vulneraron “los mecanismos de control y comunicación” que tenía la obligación de “asegurar en su funcionamiento eficaz” como titular de la Fiscalía.
“Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla”, declaró.Añadió que esta situación eclipsó el operativo, pues reiteró que el laboratorio desmantelado era “uno de los más grandes en la historia de nuestro país”.
En “congruencia” con su “trayectoria” y “convicciones”, expresó que la “medida más adecuada para corregir esta situación” era poner a disposición su cargo, a fin de permitir que “ investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”.
“Lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua para atender la mayor de las exigencias de los chihuahuenses, cerrar el paso a los enemigos de la paz y la estabilidad de nuestro Estado”, aseveró.
Asimismo, destacó que esperaba que con esta decisión se reforzara “la disciplina institucional”, mejoraran los controles internos y se preservara la integridad de “las operaciones legítimas” en contra de la delincuencia organizada”.
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Más tarde, Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en Chihuahua, ofreció una conferencia de prensa en la que aseveró que la participación de los agentes estadounidenses podría tratarse de una “colaboración extraoficial”.
Según los avances de las indagatorias iniciadas el pasado 24 de abril, los agentes extranjeros no pertenecían a la AEI ni formaban parte del despliegue institucional, razón por la que su intervención en el convoy y su presencia en el laboratorio clandestino no fueron informadas a los mandos superiores.
Chávez señaló que su participación fue limitada y sin interacción operativa directa, salvo con el director de la corporación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido en el accidente del 19 de abril, y su círculo inmediato de seguridad personal.
Asimismo, la funcionaria aseguró que los elementos estadounidenses no llevaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución, así como portaban vestimenta civil y tuvieron el rostro cubierto “la mayor parte del tiempo”, declaraciones que tiraron abajo las afirmaciones de Jáuregui Moreno, quien dijo que los agentes extranjeros se “toparon” en el camino con los elementos de la AEI.
“Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación. Continuaremos con la investigación y coadyuvaremos en todo momento con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos”, dijo Chávez en su mensaje.
Por otro lado, se aclaró que ya han sido remitidas dos carpetas de investigación a la FGR, así como se formularon los respectivos planes de investigación en cada una de ellas y se realizaron diversas diligencias para esclarecer las circunstancias ocurridas antes, durante y después del operativo antes mencionado.
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Respecto al siniestro, informó que, de acuerdo con el peritaje, el accidente ocurrió en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que el vehículo cayera a un barranco.
Fue durante las labores de auxilio cuando uno de los escoltas del director de la AEI comunicó a los rescatistas que dos de los afectados eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y que pertenecían a la embajada de Estados Unidos.
Ante esto, la Unidad Especializada ya solicitó formalmente a la representación y consular de los Estados Unidos información sobre la identidad y cargos de dichas personas.
Tras informarse sobre la muerte de los agentes estadounidenses, las primeras versiones señalaron que pertenecían a la Embajada de los Estados Unidos e, incluso, en su momento, el entonces fiscal aseguró que se trataban de instructores de capacitación que brindaban adiestramiento especializado en el uso de drones y tácticas de vigilancia aérea.
No obstante, el 21 de abril, The Washington Post y The New York Times dieron a conocer que los dos elementos que habían muerto pertenecían a la CIA y que ambos “regresaban del lugar de una operación antinarcóticos“.
Días después, el 23 de abril, Los Angeles Times señaló que realmente en el operativo en el que fue desmantelado el laboratorio participaron cuatro elementos de la CIA y no dos. Al mismo tiempo, en dicho el medio señaló que dicha operación sería sería al menos la tercera intervención de la agencia en Chihuahua en lo que va de este 2026.
Según este mismo medio, el personal de la CIA actuó en la redada con uniformes de la AEI, con el fin de pasar desapercibidos entre los agentes mexicanos.
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