Ambos funcionario con licencia son señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con "Los Chapitos"
Este martes 26 de mayo, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), a raíz de las investigaciones iniciadas por dicha institución ante las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos, quienes lo señalan de tener nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Además de él, se registró la presencia del vicefiscal General de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, quien también fue llamado a comparecer, el 23 de mayo, que la FGR le entregó un citatorio a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a fin de rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación.
En abril de este año, todos ellos fueron acusados por las autoridades estadounidenses mediante una imputación formal, en la que se les señala por los delitos de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
Rocha Moya confirmó que acudió a la sede de la FGR en Culiacán, Sinaloa, a través de una publicación de X, en la que detalló que fue cuestionado por un Agente del Ministerio Público Federal, quien le formuló varias preguntas, aunque no detalló cuáles fueron.
En medio de esto, el gobernador con licencia señaló que se encuentra dispuesto a acudir a los requerimientos que las autoridades investigadoras le hagan, pues cree en el Sistema Judicial Mexicano, el Estado de Derecho y las instituciones de justicia del país.
Según quiso subrayar, todos estos organismos han sido saneados y legitimados por medio del movimiento de la Cuarta Transformación, por medio de “múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”.
“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, externó.
Como confirmaron el espacio local Los Noticieristas y medios de circulación nacional como Infobae o Milenio, Castro Saavedra acudió a las oficinas de la FGR en Sinaloa. Alrededor de las 12:00 horas se presentó en las instalaciones para ofrecer su declaración ante las autoridades ministeriales.
Antes de ingresar, fue abordado por los periodistas que se encontraban en el sitio; sin embargo, evitó hablar respecto del requerimiento. “Atentos a la diligencia, cualquier diligencia que se practique” dijo ante medios, según recogió Milenio.
En medio de los cuestionamientos, se le preguntó si confiaba en el proceso, lo cual respondió de manera afirmativa, señalando su confianza en el trabajo institucional.
Por otra parte, cuando se le preguntó directamente si era inocente, contestó afirmativamente, e inquirido sobre si rechazaba las acusaciones estadounidenses, sentenció: “Siempre, así es”.
Luego de cumplir con las diligencias, el funcionario se retiró del inmueble. Se espera que, al igual que el gobernador con licencia, los otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que también fueron citados se presenten en los próximamente ante las instalaciones de la Fiscalía.
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El pasado 1 de mayo se dio a conocer que Rocha Moya pidió licencia para separarse de su cargo durante el desarrollo de la investigación de la FGR, derivada de las acusaciones de Estados Unidos.
En su lugar, el 2 de mayo Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina de Sinaloa, luego de ser designada por el Congreso del Estado.
Más tarde, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra solicitó licencia como vicefiscal general de Sinaloa; no obstante, posteriormente fue destituido de dicha función por el nuevo titular de la institución, José Roberto Quiñónez.
De acuerdo a los documentos judiciales estadounidenses, Rubén Rocha Moya fue elegido como gobernador de Sinaloa con el apoyo de “Los Chapitos”, pues, según afirmaron, los miembros de esta facción ordenó a sus miembros robar las papeletas con votos de los oponentes del ahora mandatario estatal.
Asimismo, se afirma que miembros de “Los Chapitos” secuestraron e intimidaron a candidatos de la oposición durante dichas elecciones.
Según esto, Rocha Moya, a cambio y durante “múltiples ocasiones”, antes y después de convertirse en gobernador, asistió a reuniones con líderes de “Los Chapitos” y otros líderes del Cártel de Sinaloa, a quienes el político “prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas”.
Tales reuniones, según se asegura en los documentos, estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas.
Asimismo, se acusa que, desde que fue elegido gobernador, Rocha Morya ha permitido a “Los Chapitos” operar con impunidad en Sinaloa, al tiempo que, presuntamente, ha permitido a líderes de esta facción “colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local”, así como en agencias estatales y locales encargadas del orden público.
Por otro lado, se afirma que, funcionarios alineados con “Los Chapitos”, dentro de la administración de Rocha Moya han protegido a esta facción y sus operaciones de tráfico de drogas.
Castro Saavedra es acusado por Estados Unidos por, en su capacidad como vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cargó que ocupó desde octubre de 2021, haber recibido sobornos mensuales de “Los Chapitos”.
A cambio de estos, según señalaron, protegió a sus miembros de no ser detenidos ty les informó de las operaciones que las agencias de seguridad, con respaldo de Estados Unidos, tenían contra ellos.
Ya fuera operaciones contra laboratorios clandestinos o contra miembros de “Los Chapitos”, a fin de que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones.
Según Estados Unidos, a través de presuntos listados a mano, recibía sobornos bajo el alias de Culiacán Regio, con sumas que iba cerca de los 200 mil pesos al mes.
En tanto, estos sobornos también funcionaban para facilitar el paso seguro por México de “enromes cargamentos de drogas”, como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
