Las autoridades de EU acusan al gobernador de Sinaloa y al alcalde de Culiacán de delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a las acusaciones que, este miércoles 29 de abril, la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y la DEA presentó en su contra y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
De acuerdo a las investigaciones estadounidenses, los funcionarios fueron acusados de delitos de tráfico de drogas, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, los cuales el mandatario estatal rechazó.
Horas después de que se hizo oficial la acusación formal, a través de su cuenta de X respondió a los señalamientos y negó las imputaciones, afirmando que estos carecen de fundamento, por lo que dijo que presentará las pruebas para demostrar lo contrario.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió.
Más allá de esto, Rocha Moya afirmó que las acusaciones se trataban de un “ataque” contra la Cuarta Transformación, sus liderazgos y las y los mexicanos que representan dicho movimiento.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, afirmó.
Aunado a esto, el gobernador afirmó que la acusación está encaminada dentro de una estrategia del Gobierno de los Estados Unidos de violar la soberanía de México.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, sostuvo.
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, concluyó su mensaje.
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Por su parte, Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, también se posicionó sobre los señalamientos desde Estados Unidos, también negando las acusaciones.
Desde su cuenta de X, acusó que estos no tienen fundamentos y aseveró que toda su vida a actuado con “legalidad” y “responsabilidad”.
“Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”, escribió.
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En esta serie de respuestas a la acusación penal, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa también se pronunció mediante un comunicado oficial, debido a que su vicefiscal, Dámaso Castro Saavedra, fue incluido en el señalamiento.
El organismo señaló que, en el ámbito nacional, las solicitudes relacionadas con estos señalamientos tienen que sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
Por ende, afirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) debía determinar la procedencia de los delitos de los que se acusan, con base en datos de prueba.
“La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, se precisó.
Aunado a esto, recalcaron que la actuación en procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía.
“La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la legalidad, la objetividad y el respeto irrestricto al marco constitucional”, subrayaron.
De acuerdo a los documentos judiciales estadounidenses, Rubén Rocha Moya fue elegido como gobernador de Sinaloa con el apoyo de “Los Chapitos”, pues, según afirmaron, los miembros de esta facción ordenó a sus miembros robar las papeletas con votos de los oponentes del ahora mandatario estatal.
Asimismo, se afirma que miembros de “Los Chapitos” secuestraron e intimidaron a candidatos de la oposición durante dichas elecciones.
Según esto, Rocha Moya, a cambio y durante “múltiples ocasiones”, antes y después de convertirse en gobernador, asistió a reuniones con líderes de “Los Chapitos” y otros líderes del Cártel de Sinaloa, a quienes el político “prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas”.
Tales reuniones, según se asegura en los documentos, estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas.
Asimismo, se acusa que, desde que fue elegido gobernador, Rocha Morya ha permitido a “Los Chapitos” operar con impunidad en Sinaloa, al tiempo que, presuntamente, ha permitido a líderes de esta facción “colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local”, así como en agencias estatales y locales encargadas del orden público.
Por otro lado, se afirma que, funcionarios alineados con “Los Chapitos”, dentro de la administración de Rocha Moya han protegido a esta facción y sus operaciones de tráfico de drogas.
Según los documentos judiciales en los que se sustenta la acusación, las autoridades estadounidenses lo acusan de haber recibido sobornos de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
A cambio de dichos sobornos, presuntamente ha permitido a este grupo operar en Culiacán sin la interferencia del gobierno.
Bajo su autoridad sobre la Policía Municipal de Culiacán, el gobierno estadounidense lo señala de proteger las operaciones de tráfico de drogas de “Los Chapitos” en su jurisdicción y ha protegido a sus miembros de ser detenidos.
Los 10 ciudadanos mexicanos acusados este 29 de abril por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, son:
Los delitos que se le imputan a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, son:
Por estos delitos, pueden tener una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Además de estos cargos, a Juan Valenzuela Millán se le suman los delitos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer un secuestro con resultado de muerte, por lo que que obtendría una pena obligatoria de cadena perpetua.
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