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El mandatario informó que durante este periodo se puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y compareció ante el Ministerio Público Federal.
Según su versión, respondió a las preguntas de los investigadores y, tras las diligencias realizadas, la autoridad mexicana determinó que no existen elementos que acrediten su participación en alguna conducta delictiva.
Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo.
El gobernador explicó entonces que su separación buscaba facilitar las investigaciones de las autoridades mexicanas y evitar que su cargo interfiriera en las diligencias. El Congreso estatal aprobó posteriormente la licencia.
Durante este periodo, la FGR abrió una investigación relacionada con los señalamientos estadounidenses. En mayo, la dependencia citó a declarar a Rocha Moya y a otras personas mencionadas en la acusación presentada ante una corte federal de Nueva York. El gobernador compareció ante la Fiscalía el 26 de mayo.
Los señalamientos estadounidenses plantearon una presunta relación entre funcionarios y organizaciones criminales para favorecer actividades ilícitas, incluidas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y armas.
Rocha Moya rechazó las acusaciones desde el inicio y sostuvo que carecían de fundamento. Por su parte, la FGR señaló en mayo que la petición estadounidense para una detención provisional con fines de extradición no estaba acompañada, en ese momento, de elementos suficientes que justificaran la medida urgente y solicitó información adicional.