La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a la empresa Puerta del Sol Capital una multa de más de 778 mil pesos.
Este 13 de mayo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer a través de un comunicado en sus cuentas oficiales que se impuso a la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V. una multa de más de 778 mil pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses.
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Las investigaciones encabezadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (BANBIEN) permitieron comprobar la comisión de faltas administrativas graves por parte de cuatro ex funcionarios públicos.
Derivado de estos procedimientos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó imponer sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos en el servicio público, además de multas económicas.
En el caso del SAT, el OIC detectó irregularidades relacionadas con la asignación indebida de citas para trámites, mediante el uso de datos personales de contribuyentes que no se encontraban registrados en la plataforma oficial de la dependencia.
En el caso del SAT, el OIC detectó irregularidades relacionadas con la asignación indebida de citas para trámites, mediante el uso de datos personales de contribuyentes que no se encontraban registrados en la plataforma oficial de la dependencia.
Respecto al Banco del Bienestar, el Órgano Interno de Control acreditó anomalías cometidas por tres exservidores públicos. Dos de los casos estuvieron vinculados con retiros no autorizados de recursos de cuentas bancarias, afectando a personas cuentahabientes por más de 275 mil pesos; mientras que otro correspondió a conciliaciones realizadas con información falsa o inconsistente.
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Es importante destacar que, las sanciones económicas aplicadas van de los 25 mil a los 250 mil pesos.
Las personas involucradas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones; no obstante, la Secretaría sostuvo que defenderá las determinaciones conforme a derecho, sustentadas en pruebas y priorizando el interés público.
Asimismo, se reiteró que el combate a la corrupción requiere de la participación conjunta entre autoridades y ciudadanía, por lo que denunciar actos indebidos representa no solo un derecho, sino también una responsabilidad para salvaguardar los recursos públicos.
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